Redacción – PM
La propuesta de “renuncia” para “donar” a damnificados por terremotos es una propuesta demagógica, aunque se alegue lo contrario, ante el desprestigio de la clase política y los partidos, esa llamarada de “solidaridad” no es más que una acción mediática sentimentaloide.
Con 60 millones de pobres y cientos de miles de muertos, ¿cómo es que la propuesta no fue un proyecto a largo plazo?. El PRI anuncia que se despide de sus recursos en 2017 y propone eliminar el financiamiento total para el 2018. Una estrategia particularmente que lo beneficia, sin dinero, los demás institutos políticos, sobre todo MORENA, no tendría la gran capacidad operativa, y es que, ante el robo descarado de los recursos públicos, el tricolor no tiene nada que perder, siempre se financian del dinero del pueblo.
El próximo año, es decir, en 2018, los partidos obtendrán cuatro mil 296 millones de pesos por el rubro de financiamiento ordinario pero como es año electoral federal, recibirán, según marca la ley, 50% adicional, o sea, dos mil 148 millones de pesos. El total por ese concepto es de poco más de seis mil millones 400 mil pesos. El presupuesto que reciben los partidos está determinado por la Constitución y es el único caso, vamos, no existe un presupuesto para salud o educación signado por la ley, por lo que las cantidades que se dediquen para estas necesidades no las define la norma, para el caso electoral sí. Está en el inciso a) de la Base 2a, en el artículo 41 constitucional.
Ahora, otro factor que determina la trampa mediática, son las multas que tienen la mayoría de los partidos. Los nueve partidos políticos tienen multas definidas por el INE por transgredir la ley (el PVEM y el PRD son los más multados). La ley electoral advierte que estas multas no pueden rebasar el 50% de su gasto y se entiende, si eso sucediera varios partidos se quedarían sin recursos para sus gastos de operación. Al definirse el tope de multas, los partidos políticos van pagando y lo siguen haciendo con las multas que tienen formadas (disminuyen el tope del 50% y vuelven a pagar). Entonces, si los partidos dejaran de recibir determinado porcentaje de sus recursos (el 25% o 100%, da igual) no tendrían para pagar sus multas ni sus gastos de operación, la renta de oficinas, pago de luz, agua, teléfono y sueldo a sus trabajadores. Si descontamos las deudas de sus multas y sus gastos de operación, en realidad los partidos políticos no estarían “cediendo” recursos significativos, más bien serían mínimos: con excepción de Morena, los otros ocho partidos tienen en fila multas que por ley deben pagar.
Pero además de estos casi seis mi millones y medio de pesos, los partidos emprendieron una reforma en 2014 para recibir una suma similar proveniente de los congresos de los estados, el monto varía por cada entidad. La cantidad total por ese concepto es de cinco mil 843 millones de pesos. La suma total aproximada de lo que recibirán los partidos políticos para su financiamiento público en 2018, es de casi 13 mil millones de pesos.
Ahora veamos por qué sólo es demagogia de los líderes de los nueve partidos políticos, propaganda electoral en medio de la tragedia. La del PRI cuando aludió al 25%, la del Frente al proclamar 100% o la de Morena cuando su máximo dirigente dice que le toma la palabra a los partidos políticos que integran el Frente Amplio:
Junto con ello surge una pregunta esencial, supongamos que más allá de la demagogia, ocurriera esa canalización de recursos, la pregunta es, de dónde obtendrían el dinero para sus campañas electorales, quién o quiénes les estarían dando recursos para el despliegue de la propaganda, además, en año electoral, es decir, en el 2018. Desde otro enfoque podría decirse también que, entonces, además del erario que se canaliza para su operación, están obteniendo dinero privado sin que sepamos de dónde.
Entonces, más allá de las diatribas del tipo, “no se confundan, no es dinero de los partidos sino nuestro” y cosas así, hay que anotar que ese dinero ya está comprometido para el pago de sus multas, salvo que prive la idea de que los partidos no paguen las infracciones a la ley en las que han incurrido. Por cierto, si aceptamos que es indebido dispensar de eso a los partidos, debemos tener en cuenta que esos recursos del pago de sus multas se orienta a la hacienda pública que distribuye la propuesta del presupuesto federal en diferentes rubros, por ejemplo, la atención a los damnificados.
Los líderes de los partidos políticos lo saben, por eso hablan del dinero como si fuera suyo y se meten en una puja macabra por quién da más aunque ninguno, en realidad, dé nada. Pero nada. Ojalá que el intercambio público mexicano no caiga en esa farsa de los partidos políticos.
Con información complementaria de Etcétera
