Zacatecas, Zac.- Como parte de su obligación legislativa, el Diputado de MORENA, Luis Medina Lizalde rindió su primer informe de actividades en el que destacó que continuará con sus esfuerzos por erradicar la política de la dádiva financiada con los impuestos de la población.
«Reafirmo mi postura en contra de que los diputados recibamos esos recursos porque consumen el tiempo del legislador en asuntos ajenos a su función y porque han afectado gravemente la credibilidad de este poder cada vez que ha trascendido la utilización de empresas fantasmas y facturas falsas», expresó ante la secretaria de Gobierno, Fabiola Torres.
Dijo que durante el primer año de actividad recibió del Congreso del Estado, la cantidad de $2,354,373.28,, mismos que trasladó íntegramente a individuos y organismos de la sociedad para fines solidarios, así mismo, SEDESOL, le asignó 300 becas consistentes en la entrega por única vez de $1,000.00 (mil pesos) a escolares de primaria y secundaria, así como 75 becas de $750 (setecientos cincuenta pesos) mensuales durante seis meses a estudiantes universitarios, «habiendo realizado la entrega total sin convocarlos para un acto de lucimiento personal y sin hacer el más mínimo proselitismo político», aclaró.
«Reafirmo mi postura en contra de que los diputados recibamos esos recursos porque consumen el tiempo del legislador en asuntos ajenos a su función y porque han afectado gravemente la credibilidad de este poder cada vez que ha trascendido la utilización de empresas fantasmas y facturas falsas·, expuso.
Agregó que en esa misma lógica clientelar, a cada diputado se le entregan cientos de becas al año para ser distribuidas según su leal saber y entender, «pareciera que lo que se busca con esto es anular al poder legislativo para hacerlo más amoldable a los intereses de un régimen que hace de la corrupción una estrategia de gobernabilidad».
Por lo tanto, aprovechó la tribuna para convocar a que en el próximo periodo de sesiones se concrete la aspiración de una nueva Ley Orgánica del Poder Legislativo que elimine privilegios y que corrija las disfuncionalidades que obstaculizan el cumplimiento de la encomienda constitucional.