Por Kazzandra Vázquez Martínez
La opacidad que ha existido dentro de las instituciones es un tema severo de tratar, ya que una de las más grandes instituciones y de las más importantes son las escuelas han tenido protagonismo dentro de actos no muy civilizados, donde la violencia ha sido un recurso recurrente de quienes critican la reforma educativa.
Dicha reforma educativa que se realizó a los artículos 3o. en sus fracciones III, VII Y VIII; Y 73, fracción XXV, y se adiciona un párrafo tercero, un inciso d) al párrafo segundo de la fracción ii y una fracción IX al artículo 3o. de la constitución política de los estados unidos mexicanos.
Cabe señalar que la reforma fue cuestionada muchísimo antes de ser, aún cuando nadie sabía a ciencia cierta cuales eran los puntos favorables o perjudiciales en esta reforma, solo la rechazaron en un conjunto todo como tal lo cual volvió esto en una oposición precaria.
Lo que hizo a esta reforma aún más conflictiva fue el hecho de estar en un victimismo seguro en donde los sindicatos y los líderes de la CNTE, sintieron amenazados sus intereses nublando su sentido de razón.
Sin tomar en cuenta que tan factible pudo ser esta reforma, sobre todo en materia de conocimiento ya que la gran problemática que tiene México sobre el tráfico de influencias desmerita el hecho de que personas capaces estén desempeñando un trabajo verdaderamente eficaz y eficiente, para ello se optó por la evaluaciones a los docentes, donde solo se pretende evaluar lo que día a día hacen en clases, sobre los principios básicos de la educación docente; evaluaciones que se tomaron como modo de victimización, donde aparte no dieron lugar a ver los beneficios que estos pudo tener.
Los primeros pioneros en protestar fueron por la CNTE, donde se han manifestado sobretodo en el estado de Oaxaca, Guerrero, Ciudad de México , en donde “la falacia jurídica” fue el hecho de hablar de lo que no conocían pronosticando como si fuera todo un desastre nacional, el cual hasta la fecha ha tenido no solo la atención de los órganos gubernamentales sino que también la atención de servidores públicos dispuestos a la negociación, tal es el caso de Luis Enrique Miranda , quien negoció con los líderes oaxaqueños para acordar una nueva definición sobre los criterios de evaluación, reglas para el ingreso, promoción, y permanencia, agrandó además que ningún docente podría ser despedido de su empleo por la evaluación, cosa que tomó a todos por sorpresa ya que este acuerdo se llevó a cabo cuando las reformas constitucionales y las leyes secundarias ya habían sido aprobadas, atenuando que los daños colaterales de dicha decisión se violaba las leyes de México.
Pero “la falacia jurídica” que se inventaron nuestros docentes oaxaqueños continúo el 20 de junio del 2015, cuando se publicó un nuevo IEEPO que despojaba a la sección 22 de toda influencia en la dirección de la influencia oaxaqueña, donde la auditoria superior de la federación encontró desde el 2007, que los recursos que se utilizaban en la educación en Oaxaca eran triangulados del IEEPO hacia la sección 22, de modo que se utilizaban para beneficios de los jerarcas sindicales que de ese modo eran recompensados por sus actividades políticas dentro de la CNTE, y es así como la cantidad de 54 millones de pesos fueron distribuidos entre 190 dirigentes sindicales. (Excélsior, 21 julio 2015)
A pesar de dicho descubrimiento los conflictos contra la reforma no cesan y han llegado a proyectar más intereses mezquinos que los intereses colectivos por el bien de los maestros, ya que hasta hoy no se ha podido llegar a un acuerdo aun así culpando al estado como protagonista de sus conductas irracionales y violentas.
Pasando al lado bueno de la reforma educativa, hay que resaltar que el sistema educativo de México es el quinto mayor a nivel mundial, sólo se encuentra por debajo de China, India, Estados Unidos y Brasil.
El sistema está conformado por 34 millones de alumnos, dos millones de maestros y un poco más de 260,000 planteles.
“Tenemos una cobertura en primaria de 99%, prácticamente del 100% en secundaria y de 76% en educación media superior; el próximo año vamos a llegar al 80%”, prometió el titular de la SEP.
En cuanto a los conflictos magisteriales que están ocurriendo a raíz de la reforma educativa, el titular de la SEP se pronunció a favor del dialogo, siempre y cuando sea apegado a la ley.
La realidad jurídica de la reforma educativa, es que necesita existir para después comenzar a ser no podemos hablar de lo que no conocemos, podemos dar puntos de vista y hasta hacer un pronóstico, pero no podemos envilecer una ley que apenas están naciendo con toda la intención de mejorar una institución que se está viendo opacada por el tráfico de influencias; lo que sí es un hecho y nadie puede negar es que los docentes no pueden estar tratando de justificar sus intereses mezquinos ocultándose a través de una ley, muchísimo menos tratando de justificar sus actos de violencia en donde ellos han sido autores.
