- Alcalde, Regidores y sindico recibieron pagos de más
- Obras fantasma
Andrés Vera – PM
Zacatecas, Zac.- Esta semana se aprobará la cuenta pública del Ayuntamiento de Zacatecas 2014, la cual fue enviada a la LXI Legislatura el 16 de febrero del 2015, pero hasta ahora se le daría el trámite correspondiente.
El análisis que realiza la Auditoría Superior del Estado no rebasa el 70 por ciento en rubros como obra pública, pero advierte que a pesar de que el municipio capitalino en ese año, contaba con $0.68 pesos de activo circulante para pagar cada peso de obligaciones a corto plazo, se concluyó que no se contaba ni se cuenta, con liquidez.
Y es que a pesar de que la deuda pública del Ayuntamiento que presidia Carlos Peña Badillo, actual Diputado Local electo,- y que a pesar de por tener injerencia directa, no podrá votar a favor de la cuenta del 2015, tendrá el consenso de la mayoría de los partidos oficiales para tal efecto- es de 801 millones 349 mil 253 pesos, realizó pago a diversos proveedores sin que se les pudiera comprobar sus servicios ni anexo a la propia administración que encabezó.
En documentos a los que tuvo acceso PerióMetro +, además de que Peña Badillo aumentó la deuda pública, se puede advertir que incrementó la nómina en un 20% en relación al 2013, por lo que en tan sólo 2014, el gasto por servicios personales fue de 244 millones, 474 mil, 968 pesos, es decir, erogó 41 millones de pesos más en comparación al año anterior que fue de 202 millones, 252 mil pesos.
Además, la Auditoría Superior del Estado, una vez que concluyó el plazo legal establecido en la Ley de Fiscalización Superior del Estado, para la solventación de las observaciones, presentó ante la LXI Legislatura, en oficio PL-02-05/601/2015 de fecha 16 de febrero de 2016 un informe complementario de auditoría en el que señala 116 comprobaciones de gasto de las que el municipio no presentó 31.
De estas faltantes, se desprende erogaciones que no tienen registro y que como marca la Ley referida, es el propio Carlos Peña Badillo el responsable directo de las finanzas públicas.
Por ejemplo el pago de 1 millón, 734 mil, 670 pesos relativo a la autorización y pago de cantidades excedentes en las percepciones otorgadas al propio Alcalde, así como al síndico y a regidores durante todo el 2014. También se responsabiliza de este hecho a Irene García Almeida, síndico municipal y a la tesorera, María de Lourdes Martínez.
También se exhiben los nombres de María de Jesús Cerros Ozuna, Yazmín Barrón Ortiz, Ana Cecilia Espino Salas y el perredista, Hiram Galván Ortega.
El asunto va más allá, también se pagaron 471 mil 740 pesos por concepto monto improcedente recibido a favor de José Manuel Ríos Martínez, quien aparece en la página de Linked In como (supuesto):
De igual forma, se erogaron 460 mil pesos por pagos en concepto de gastos a personal del Ayuntamiento en la dirección de Ejecución y Cobranzas a pesar de que el municipio no contaba con liquidez para tal efecto; tampoco existe documentación comprobatoria.
En la presunción de fraude, se anexa pago de 1 millón, 35 mil pesos relativo al pago de seguros de vida pare personal de alto rango de la administración peñista, pero la ASE no recabó la documentación porque la presidencia capitalina no exhibió comprobantes fiscales correspondientes a las supuestas empresas aseguradoras para respaldar las erogaciones ni tampoco se mostraron las pólizas individuales.
También Peña Badillo autorizó préstamos personales en efectivo por el monto de 176 mil pesos de los cuales no hay evidencia de pagarés o documentación mercantil que permita efectuar su recuperación legal.
Asimismo, pagó el ayuntamiento de Peña Badillo 3 millones, 258 mil, 126 pesos a una obra pública no ejecutada denominada “Proyecto protección y preservación ecológica (clausura de tiradero a cielo abierto de Zacatecas” aprobada en el Programa de Fortalecimiento Ambiental de las Entidades Federativas.
Por tales motivos, la Auditoría Superior del Estado, realizó una promoción para el fincamiento de responsabilidades tanto a Carlos Peña, como a su síndico y tesoreras por no haber atendido las acciones de comprobación y las califica como resarcitorias, es decir, los responsables deben retornar a las arcas municipales la cantidad de 7 millones, 356 mil, 872.95 pesos.
El PRI impugnó la elección en la capital donde ganó la morenista Soledad Luévano y no se ha dado resolutivo. Algunos comunicadores han señalado que se debería a que la administración priista pretende tapar sus corruptelas ante la inminente llegada de Morena al Ayuntamiento.
