Por Gerardo Esquivel
El día de anteayer se desató un nuevo escándalo vinculado a las propiedades inmobiliarias de la Sra. Angélica Rivera, esposa del presidente Enrique Peña Nieto. Según un reportaje del diario británico The Guardian, la Sra. Rivera ocupa dos departamentos en Cayo Vizcaíno, una zona residencial cercana a Miami. Uno de ellos es de su propiedad, tal y como lo revelara ella misma hace unos meses cuando se destapó el escándalo de la llamada “Casa Blanca”. El otro departamento, sin embargo, sería propiedad de un empresario mexicano avecindado en Miami y que sería además quien habría pagado el impuesto predial del departamento de la Sra. Rivera.
Varias horas después de que fue publicado el artículo de The Guardian, finalmente la vocería de la Presidencia emitió un escueto boletín. La respuesta fue tardía y ambigua. Hay por lo menos dos temas clave a los que no responde el boletín:
1) ¿Es cierto que Angélica Rivera ocupa el departamento ubicado encima del suyo? Y, si es así, ¿paga o no paga renta por usar dicho departamento?
2) ¿Por qué paga alguien más el impuesto predial del departamento de Angélica Rivera (cercano a los treinta mil dólares por año)?
Sobre el primer punto parece que no hay forma de esconderlo ya que el propio dueño del departamento (el Sr. Enrique Pierdant) ya reconoció que se lo presta a la Sra. Rivera. Lo cual, por lo demás, fue confirmado por terceros a la periodista Sanjuana Martínez. No hay, por otro lado, nada que haga suponer que existe un contrato de arrendamiento, por lo que se trataría de una transferencia en especie aparentemente injustificable. Sobre lo segundo, tampoco parecen quedar muchas dudas pues existen documentos que así parecen demostrarlo.
En relación al empresario dueño del departamento contiguo, el Sr. Enrique Pierdant, la nota de The Guardian es menos precisa y relativamente ambigua. Lo identifica únicamente como “contratista potencial” y esto es precisamente lo que cuestiona el vocero de la Presidencia, ya que no se aporta en efecto ningún dato o documento que avale su dicho. En cualquier caso, si bien no parece haber evidencia de contratos entre el empresario Pierdant y el gobierno mexicano, es cierto también que algunas notas de prensa identificaban a Grupo Pierdant como uno de los aspirantes a recibir contratos por parte del gobierno en temas de administración de puertos o de trenes de pasajeros.
Lo sorprendente de este nuevo caso es que revela un mismo modus operandi en el comportamiento de Angélica Rivera. Primero, la Sra. Rivera adquiere un bien inmueble en una zona lujosa (en un caso en Las Lomas, en el otro cerca de Miami) y después algún empresario cercano adquiere un bien contiguo (en un caso, la residencia adyacente; en el otro, el departamento del piso superior), para luego permitirle el acceso a la primera dama a una vivienda ampliada mediante un acuerdo discrecional, opaco y claramente ventajoso para la esposa del presidente.
En cualquier caso, esta nueva denuncia periodística ha terminado por demoler la ya de por sí desgastada credibilidad de esta administración y hace aún menos verosímil la sinceridad del perdón que pidiera el presidente hace unos días durante la promulgación del Sistema Nacional Anticorrupción. Parece increíble que después del escándalo de la Casa Blanca (que, como reconociera el propio Peña Nieto, incluso llegó a afectar a la propia investidura presidencial), ni el presidente ni nadie de su entorno cercano hubieran hecho nada por aclarar esta situación. Esto es quizá lo más revelador de todo: según lo ha dicho el propio presidente se trata de un tema de percepción de la población y no de un problema real. De ahí su insensibilidad e incomprensión de lo que todo esto implica. Que no sorprenda, pues, que los escándalos continúen y que la credibilidad e imagen de este gobierno se siga derrumbando.
