Andrés Vera – PM
Zacatecas, Zac.- Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), dados a conocer en la Encuesta Intercensal 2015, Zacatecas tiene una población de más de un millón 486 mil 820 habitantes, de los cuales 0.25 está en la condición de habla indígena
Existen 4 924 personas mayores de 5 años que hablan alguna lengua indígena, de cada 100 personas que declararon hablar alguna lengua indígena, 14 no hablan español.
Desde el año del 2003, el Gobierno Federal creo la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), este organismo descentralizado de la administración pública tiene como principal objetivo la evaluación de los programas y acciones de gobierno y de capacitación de servidores públicos federales, estatales y municipales para mejorar la atención a la población indígena, sin embargo en la entidad, no existen datos concretos de en realidad cuántos habitantes indígenas existen ni cuáles son sus actividades primarias.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indica que estas cuatro mil 924 personas viven mayoritariamente en Fresnillo, mil 142; en Guadalupe, 597 y en Zacatecas, 520.
Cada año arriban al Estado cerca de 7 mil provenientes de de Oaxaca, Chiapas, Chihuahua, Nayarit, Guerrero y Sinaloa para levantar la cosecha de riego y al menos la mitad son menores, los cuales viven en condiciones infrahumanas en los campos de Fresnillo principalmente.
Lo cierto es que en Zacatecas, son pocas o nulas las acciones que emprenden en beneficio de estos grupos vulnerables.
Las orígenes indígenas más comunes en territorio zacatecano son: el huichol, Náhuatl, Tepehuano y Tlapaneco. No obstante, el estado de Zacatecas no es reconocido por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) como un estado con asentamientos indígenas.
Por tal motivo, la organización no cuenta con un establecimiento especial que cubra sus necesidades ciudadanas, pues si bien oficialmente no se reconoce a Zacatecas con asentamientos indígenas, en la práctica si los tiene, como en los municipios del Cañón de Tlaltenango, Jerez, Fresnillo, la capital del estado, por mencionar algunos.
Aunado a ello, cabe recordar que cada año municipios como Fresnillo, Ojocaliente, Pinos, entro otros, reciben a cientos, quizás miles, de jornaleros agrícolas indígenas originarios de estados como Oaxaca y Guerrero, principalmente, situación que genera serios problemas de salud y seguridad, principalmente. Esto ante la falta de acciones y programas, tanto gubernamentales como de quienes los contratan como trabajadores, enfocados a la atención de estos grupos étnicos.
Aunque Zacatecas no cuenta con grupos étnicos nativos, persisten dos bien definidos: los huicholes y los tepehuanos quienes a pesar de sus limitadas oportunidades en salud, educación y trabajo, persisten gracias a su capacidad de adaptación, aunque la mayoría vive en pobreza extrema.
Según datos del antropólogo José Luis Núñez Villagrana, egresado de la UAZ, en la entidad habitan alrededor de 200 familias huicholas diseminadas entre Zacatecas, Fresnillo, Jerez y Guadalup, quien criticó el desamparo en que las autoridades, estatales y federales, mantiene a estas comunidades.
Desde el año 2014, el secretario de Desarrollo Social del Estado en ese entonces y actual Diputado electo, José Ma. González Nava aseguró que se intensificaría la política social a grupos vulnerables, pero en el sexenio de Miguel Alonso nunca se ha pormenorizado estadísticamente la aplicación de programas tanto federales como estatales en cuanto a apoyos para Piso Firme, Mejoramiento de Vivienda, Techo Seguro y Baños Dignos, becas, apoyo a discapacitados, becas a niños y niñas de primaria y créditos a mujeres, entre otros. Además, ninguna de estas acciones está dirigida a la generación de una vida digna y con oportunidades para los grupos indígenas del Estado.
Solamente, en el Programa Especial Para los Pueblos Indígenas que implementa el Gobierno Federal se propicia supuestamente que por medio de la Secretaría del Campo ejerce con el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, se beneficia sólo a este tipo de grupos. El objetivo es contribuir a la reducción de la vulnerabilidad de la población jornalera agrícola respecto al ejercicio de sus derechos sociales, mediante acciones y apoyos en materia de alimentación y servicios básicos. Sin embargo, la precariedad existe y no hay zonas especiales de vivienda, promoción de productos autóctonos ni programas de empleos formales.
Según una familia de origen Huichol que radica en la capital, el sostenimiento principal es la limosna y la venta de artesanías de chaquira. Para muchos, además es prácticamente inviable ya que el Ayuntamiento de la capital les cobra derecho de piso alto que oscila entre los mil a mil 500 pesos semanales dependiendo de la zona donde se ubiquen. Inclusive, tienen que dar la respetiva «mordida » a inspectores para que no les confisquen sus mercancías.
Acusaron que el gobierno del Estado carece de políticas específicas para este grupo étnico, proveniente sobre todo del vecino Jalisco, de comunidades como San Andrés, Santa Catarina, Tuxpan, San Sebastián y Mezquitic.
Además, se une el problema de la comercialización de los productos, pues el Instituto de Desarrollo Artesanal no impulsa su promoción pese a la gran aceptación y alto costo que tienen en el mercado estadunidense por ejemplo.. Además, aseguró que gran parte de los niños huicholes no van a la escuela.
El otro grupo indígena que habita en Zacatecas, específicamente en el municipio de Valparaíso, es de tepehuanes del sur, de los que, de acuerdo con el estudio “Pueblos Indígenas del México Contemporáneo”, viven unos 358, ya que la mayoría está en los estados de Durango, Nayarit y Jalisco.
Una investigación efectuada a principios de 2012 por Jorge Pescina, Leslie Lubián y Mariana Martínez, titulada “Población Indígena en los Estados de Hidalgo, Zacatecas y Distrito Federal”, muestra que esta entidad del norte del país tiene el número más bajo de hablantes de lengua indígena en la República Mexicana.
El documento señala que los pueblos indígenas sobreviven adaptándose; sin embargo, la discriminación y explotación a la que son sometidos influye en su realidad económica, social y geográfica. En casi todos los indicadores de bienestar y desarrollo humano, los indígenas están por debajo de la media nacional.
Refiere que “la migración de las zonas rurales a las urbanas se presenta como alternativa para buscar una mejor forma de vida. No obstante, se debe reconocer que los beneficios de una mejor calidad de vida implican costos sociales en términos de pérdida de identidad cultural”.
Una vez que los indígenas salen de sus lugares de origen a ciudades más grandes modifican comportamientos, dejando sus tradiciones, costumbres y lengua materna, con el fin de integrarse en la nueva sociedad, indica.
En Valparaíso es donde habita la mayor población indígena, destacando las comunidades de Francisco I. Madero (Pajaritos), donde 200 de 266 personas mayores de cinco años hablan una lengua indígena y Mesa del Rincón, con 26 de 28 habitantes que la hablan.
En Tlaltenango existen las comunidades indígenas Tlaltenango, Tocatic y Cicacalco, sin embargo, aunque en el nombre lleve la palabra indígena se trata de un mestizaje que ya no conserva tradiciones y lenguas.
El censo señala que Zacatecas se ubica en el cuarto lugar entre las entidades con menos personas de habla indígena, representando sólo el 0.4 por ciento de la población, ya que la media nacional es de 6.7 por ciento.
Médicos y enfermeras abandonan clínicas rurales. Traficantes de Jalisco queman bosques para sembrar narcóticos; Semarnat y Conafor no actúan
Violencia y despalzados
En un reporte realizado por la Jornada Nacional, se manifiesta que cientos de familias wixárikas, coras y tepehuanas que habitan en la Mesa de El Nayar y parte de la Sierra Madre Occidental, que comparten Durango, Nayarit y Zacatecas, están siendo obligadas a dejar casas y tierras por el acoso permanente del crimen organizado, que los obliga a sembrar y cosechar amapola para producir goma de opio, denunció Abelino Ramos Parra, líder indígena.
Ramos Parra señaló que los indígenas ya no dejan sus coamiles (milpas) y animales por hambre o pobreza, sino por la presión del narcotráfico: “Hay un desplazamiento fuerte, y no nomás de Nayarit; también en Durango, Zacatecas y parte de Jalisco.
Decenas de comunidades viven en condiciones críticas, a pesar de los programas gubernamentales de apoyo al campo y a los grupos indígenas, agregó.
Estamos entregando paquetes de insumos para producir maíz. ¡Ojalá no vayan a ser para la amapola! Nosotros lo estamos haciendo de buena fe; espero que no me vayan a meter en un lío. Así están las cosas.
Desde hace meses, señaló el dirigente, médicos, enfermeras y maestros rehúsan subir a la sierra de El Nayar por temor a los narcotraficantes y han abandonado clínicas rurales y escuelas, por lo que pidió auxilio al gobierno y la sociedad civil.
“Todo esto lo aprovechan los criminales. Al narco le interesa que la gente esté pobre, que no vaya el Ejército, que no vaya nadie. Por eso está huyendo mucha gente. Sí, en parte es el hambre, pero también las condiciones” en las comunidades indígenas.
Ramos Parra, quien también ha sido dirigente de El Barzón en Nayarit, aseguró que los criminales provienen principalmente de Jalisco y provocan incendios forestales a fin de ocupar los terrenos para sus siembras clandestinas.
En la zona donde estamos, en El Nayar, pegado a Jalisco, ¡qué casualidad que todos los incendios se inician en Jalisco! Nos sube la lumbre, nos quema el bosque y nos afecta a los que cosechamos maíz y hongo.
Pese al daño que esto causa a los poblados indígenas, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y “todas las instituciones que tienen que ver con la conservación no hacen nada. Nos dejan a nosotros con una chingada guardarraya y tenemos que defender el bosque. ¿Y cómo lo defendemos? Esa es la desesperanza. Tú, gobierno, pon aquí vigilancia o dame pistola, porque me está afectando la lumbre que salió del coamil donde van a sembrar la amapola. Si no puedes tú, gobierno, déjanos a la sociedad civil; ábrele la puerta”.
La gente que está ahí ya no puede vivir, ya no puede subsistir; se está yendo porque este triangulito de Zacatecas, Nayarit y Durango está muy metido.
Ramos Parra recordó que durante años ha solicitado una escuela normal para la Mesa de El Nayar, “una rural, pero que sea de indígenas para que se vayan a vivir ahí. ¡Y que dice el gobierno que no se puede, por el problemón nacional que hay ahorita!
“Eso es lo que nos está doliendo. ¿Al rato en qué vamos a andar todos? ¿Vamos a adorar al Chapo, o no sé a quién más?”
