D.F, Mex.- El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp) dejó en claro que conforme a los lineamientos del nuevo subsidio federal para la seguridad pública (FORTASEG), los municipios deberán destinar un mínimo del 20 por ciento de los recursos asignados a la capacitación en el Nuevo Sistema de Justicia Penal.
Durante una reunión con representantes de once organizaciones de la sociedad civil, a fin de y presentarles los avances que registra la implementación del nuevo modelo de justicia, subrayó que para que los municipios accedan a la segunda ministración del subsidio, la cual representa el 50 por ciento, la profesionalización de los integrantes de las instituciones de seguridad pública, tendrá un valor del 70 por ciento en los resultados que deberán comprobar.
Se trata, dijo, de invertir en las personas para generar resultados de largo plazo más que invertir en patrullas, armamento y uniformes, que tienen corta vida y no se reflejan en resultados de fondo.
En el encuentro se presentaron los avances del Plan Estratégico de Capacitación en Materia de Justicia Penal y Competencias Policiales Básicas, el cual se compone de tres etapas para capacitar a 333 mil policías de todas las entidades federativas.
Lo anterior, con el fin contar con elementos capacitados en materia del Nuevo Sistema de Justicia Penal antes del 18 de junio, fecha en la que vence el mandato constitucional para que sea implementado en todo el territorio nacional.
En su momento, titular de la Setec, María de los Ángeles Fromow Indicó que el programa de capacitación ya cumplió las dos primeras etapas, en las que se formaron a mil docentes que se desplegarán en todo el territorio nacional para replicar los conocimientos a los cuerpos policiales estatales y municipales.
A su vez, Franco Zevada, comisionado de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), destacó la importancia en la atención a las víctimas como parte fundamental del Nuevo Sistema de Justicia Penal, para lo cual, apuntó, las autoridades locales deberán sumar esfuerzos para instalar o fortalecer comisiones ejecutivas.
Finalmente, las organizaciones sociales se comprometieron a continuar con el trabajo conjunto para observar la tarea de cada uno de los operadores del sistema y proponer puntos de mejora.
