D.F, Mex.- Inició el ayuno de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la escuela normal rural «Raúl Isidro Burgos» de Ayotzinapa en el zócalo capitalino, frente a la Catedral Metropolitana.
«Siendo el 23 de septiembre del 2015 a las 19 horas, se declaran los 43 padres de familia en ayuno por los 43 estudiantes», dijeron; se trata sólo de los jefes de familia, de los varones, que previamente fueron revisados por el cuerpo de doctores y psicólogos de la cooperativa Panamédica.
«El ayuno no empieza hoy, hace meses que comen poco», mantener una protesta por tantos meses tiene estas consecuencias, advirtieron los galenos.
«Un ayuno baja los niveles de azúcar, el problema es que los padres son personas con enfermedades crónicas, principalmente diabetes, hipertensión y complicaciones cardiacas», explicó la doctora Sandra Coronado.
«Tras un ayuno de 43 horas podrían presentarse posibles mecanismos fisiológicos contra reguladores que ocurren en personas sanas; en personas con enfermedades crónicas el cuadro es un poco más fuerte y queremos evitar que eso suceda», agregó la médica general.
El psicólogo Gerardo Rubio, que también vigilará el bienestar de los familiares durante el ayuno, alertó que ya detecta una «frecuente retraumatización» entre ellos. Los duelos son procesos complejos, cuando la persona se ha ido es más fácil cerrarlos pero ellos no tienen una claridad de dónde están sus hijos, lo que trae un desgaste psicológico, alimentario, anímico por lo que ha representado su lucha», apuntó.
«Hoy quisiera darle un abrazo a mi hijo», reconoció el señor Epifanio, padre del normalista desaparecido Jorge Álvarez, «hoy es su cumpleaños, son 20 años», dijo los ojos inundados de lágrimas al iniciar la protesta en la Plaza de la Constitución.
Este jueves –ya entonces con 18 horas de ayuno en el caso de los padres–, y las madres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, se reunirán en punto de las 13:00 horas con el Presidente Enrique Peña Nieto bajo la intermediación del Grupo Interdisciplinario de Expertos independientes del sistema interamericano.
«Al presidente Enrique Peña Nieto le pedimos un punto en específico: respeto y no criminalización en contra de la escuela normal», expresó el abogado Vidulfo Rosales.
La reunión con el presidente Enrique Peña Nieto se centrará en la exigencia de justicia, para que se realice «una investigación imparcial» y se adopte el informe de los expertos de la Comisión Interamericana como parte documental. También se pedirá la apertura de nuevas líneas de investigación y que se designen «entidades específicas» para investigar porque, dijo el abogado Rosales, «ya no creemos ya ni en SEIDO ni en la Agencia de Investigación Criminal».
Cuestionados sobre el tono de la movilización del próximo sábado 26 de septiembre, ante las confrontaciones de las últimas 48 horas, aclararon que esa marcha de Los Pinos al Zócalo «se enmarca a un año de la desaparición de los 43» pero aclararon que sus manifestaciones «han tenido lugar en el marco que nos ofrece la Constitución y el derecho a la protesta. En ese marco va a ser la marcha, no tenemos necesidad de expresar violencia sino la indignación por lo sucedido, por la omisión de los gobiernos y por una investigación deficiente de quienes obstruyeron la investigación», explicó el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Guerrerense, Tlachinollan.
Dijeron que acudirán a la reunión con el presidente Peña Nieto porque él «es la última autoridad en el país, es el último escalón del Ejecutivo para avanzar en el camino de la justicia».
Asimismo, dijeron que continuarán con sus reclamos en el plano internacional. Detallaron que un grupo de madres buscarán ver al Papa para pedirle que eleve su voz desde el Vaticano y «que exija la presentación con vida de los compañeros».
Felipe de la Cruz vocero de los familiares, señaló que se planteará al presidente Peña la reestructuración de las investigaciones, canalizar hacia la verdad a la investigación de los expertos. Y en el caso del ex procurador Jesus Murillo Karam y todos los presuntos involucrados, «tiene que salir a flote la verdad y, si son responsables, también tienen que ser castigados».
Desde su protesta, los familiares demandaron la suspensión de actos de amedrentamiento por parte del gobierno de Guerrero. «En lugar de investigar a sus funcionarios y su policía municipal, que fueron omisos para evitar el asesinato y desaparición de los normalistas, hoy está más preocupado por meternos a la cárcel».
«No tenemos miedo, aquí estamos, dando la cara y vamos a continuar la lucha. No es indigno ni es delito salir a las calles y manifestar nuestra indignación por los 43 desaparecidos. Son ellos los que deben estar en la cárcel», reclamaron a la administración guerrerense.
