D.F, Mex.- “El manejo negligente» que las autoridades mexicanas han dado a la investigación sobre el ataque y desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, ocurrido el 26 de septiembre de 2014, expone «un escandaloso encubrimiento orquestado en los niveles más altos de Gobierno», sostuvo Amnistía Internacional (AI).
En un comunicado, Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de la organización defensora de los Derechos Dumanos, afirmó que el denominado caso Iguala, «ha expuesto cómo cualquiera puede desaparecer forzadamente como por arte de magia en el país, mientras quienes están en el poder se enfocan en cubrir las huellas».
Ante ello, consideró que «la tragedia de (la Escuela Normal Rural de) Ayotzinapa es uno de los peores escándalos de derechos humanos de la historia reciente de México» y «a menos que el presidente(Enrique) Peña Nieto tome acción real ahora va a continuar siendo visto en todo el mundo como el facilitador de estos horrores».
En ese sentido, Guevara-Rosas criticó a las autoridades mexicanas por negarse a seguir nuevas líneas de investigación y empeñarse en convencer al mundo de lo que en su momento denominaron “la verdad histórica” del caso, mediante la cual se afirma que el 26 de septiembre de 2014 policías de Iguala detuvieron a los estudiantes y los entregaron a miembros del cártel Guerreros Unidos, quienes los asesinaron e incineraron sus restos en un vertedero de basura en el municipio vecino de Cocula.
Esta versión ha sido rechazada por los padres de los jóvenes, mientras organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la han cuestionado en diversas ocasiones.
«La inquebrantable determinación del Gobierno mexicano de convencer al mundo de que los estudiantes fueron asesinados por una banda de narcotraficantes y sus restos quemados en un basurero está actuando como una distracción de cualquier otra valiosa línea de investigación», agregó Guevara-Rosas.
En particular, enfatizó, las autoridades deberían «explorar el rol de los militares y agencias responsables de hacer cumplir la ley en la tragedia después de que no tomaron acción a pesar de ser conscientes de los abusos contra los estudiantes mientras se estaban llevando a cabo».
La activista de los derechos humanos planteó que si el Gobierno «está convencido de que los militares no tienen ninguna información relevante que proporcionar, ¿de qué están tan preocupados?».
«Proteger a los soldados de las investigaciones genera alarmantes preguntas», remarcó.
