Andrés Vera – PM
Zacatecas, Zac.- Existe un sobreprecio de 63 millones de pesos en el «Viaducto Elevado Quebradilla”, el cual tuvo un costo de 95 millones de pesos según el gobierno del estado.
Lo anterior fue denunciado por la diputada Soledad Luévano Cantú al realizar un comparativo de este tipo de infraestructura con otras realizadas en el país y en el que se exhibe un exacerbado costo por un puente de esta clase y que habría dejado una ganancia del casi el triple del valor real a Juan Alonso, hermano del gobernador Miguel Alonso, quien es uno de los principales contratistas que adquieren obra pública por medio de prestanombres.
Para reforzar sus dichos, la legisladora realizó un comparativo del puente Quebradilla con otras obras similares realizadas por el Gobierno Federal, en dichas obras el precio promedio es de 10,900 pesos por metro cuadrado, mientras que el puente realizado por el gobierno de Zacatecas es de 50 mil pesos por metro cuadrado,
Además, dijo que los recursos para la realización de dicho puente fueron utilizados de un empréstito que fue aprobado en el 2012 por la Legislatura pasada cuando en realidad habían sido etiquetados para la construcción del proyecto Metro Bus.
“Según el decreto No. 464, esos 225 millones se mezclarían con 407 millones del Fondo Nacional de Infraestructura para construir el metrobus, sin embargo, cuando fracasaron las gestiones del gobernador para obtener los 407 millones de la Federación, decidieron usar el dinero del empréstito para construir a su antojo”
La diputada de Morena indicó que de los 225 millones, el gobierno estatal pidió autorización al Congreso para usar parte del recurso en la construcción del edificio de la Comisión Estatal de Derechos Humanos pero a fin de cuentas, desviaron el dinero etiquetado para la construcción del puente ubicado frente a Ciudad Administrativa y para esté último que tiene el sobrecosto de 63 millones.
Por tal motivo, dijo que habrá de interponer una denuncia legal contra el Secretario de Finanzas por el delito de peculado este próximo miércoles a las once de la mañana, ya que el desvío de recursos de manera arbitraria constituye un delito penal.
«Este caso se parece mucho al caso Coahuila, en el que Humberto Moreira utilizaba la deuda sin ninguna restricción y eso es un delito, porque como dije, esos recursos estaban etiquetados, por eso continuaré con mis investigaciones y si localizó un solo peso de la federación, pediré que la PGR atraiga el caso”.
Además, acusó al Gobierno de Zacatecas de tener ocultos los contratos y facturas de la obra, mismas que por ley deben estar publicadas en COMPRANET.
