Por Argelia Aragón Galván
La segregación urbana es considerada por la literatura sociológica como un conjunto de disparidades geográficas y sociales que se traducen en desigualdad de condiciones que garanticen o contribuyan al bienestar social, limitando el acceso a infraestructura urbana y de servicios dignos, excluyendo de derechos fundamentales (salud, vivienda, educación, un medio ambiente sano) a las clases segregadas, polarizando aún más sus diferencias económicas.
La política neoliberal obliga a que el crecimiento urbano se sitúe preferentemente en áreas ausentes o deficientes de infraestructura, alejados de la mancha urbana, lo cual aminora el costo de esos terrenos para las constructoras o inmobiliarias; es así que se constituyen las zonas periurbanas, en donde son frecuentes las colonias de viviendas en serie para cubrir la necesidad de alojamiento y habitabilidad básica, la cual se refiere a las condiciones mínimas de salubridad y de confort.
Los modelos de viviendas en serie motivan a la violencia por no ser adecuados a la calidad de vida urbana, tornándose agresivas para sus habitantes al ser tan pequeñas, funcionalmente, no se observa riesgo directo en la vivienda, pero se reconoce la existencia de golpes con el mobiliario y artefactos que se encuentran en su interior durante su uso, y se les atañe a descuidos, no al problema constructivo. Otro ejemplo de carente planificación que se observa en la cocina, cuyo espacio es reducido, limitado a que una sola persona cocine y por ende, no permite la equidad de género.
La mayoría de las viviendas en serie cuentan con espacio no construido dentro de su terreno, el cual debería ser destinado a áreas verdes, sin embargo, es vendido como espacio de posible crecimiento constructivo, sacrificando parte de la recreación doméstica y contribución ambiental. Todo esto favorece a que se construyan fachadas continuas y a que aumente la contaminación auditiva y psicológica.
A consecuencia de la falta de espacios interiores, los vecinos se apropian del espacio público para satisfacer esta ausencia. Debido a lo anterior los tendederos, lavaderos, trapeadores, acumulación de objetos, entre otras cosas, se han vuelto parte de la imagen habitual de las fachadas de esas colonias. Entonces, entre más pequeña sea la casa, más grande debe ser el espacio público, a consecuencia de la falta de espacios interiores, los vecinos se apropian del espacio público para satisfacer esta ausencia.
Las áreas verdes destinadas son limitadas, desérticas en su mayoría, lo que aumenta el ruido por la ausencia de follaje de los árboles, y se desatiende el espacio público compartido por la carencia de relaciones vecinales, debido a la construcción de una vida familiar al interior de las viviendas. Esto genera bajos rangos en el disfrute del espacio público. Inclusive, cuando éstas áreas son utilizadas es bajo el interés de que los vecinos puedan recrearse, no para preservar la vida ecológica del entorno.
La creciente demanda de vivienda, aunada a la imposibilidad del Estado para dotar a toda la población de casas, ha provocado la creación de distintos organismos por mandato constitucional, como: el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, cuya ley se promulgó en el año de 1972, otorgando en ese año 88 mil créditos y construye igual número de viviendas, lo que requirió la selección y adquisición de los terrenos, los estudios preliminares y los diseños de las viviendas, hasta la búsqueda y selección de constructoras, y el presupuesto, ejecución y supervisión de las obras”, (INFONAVIT, 1972), pero el total de la población en México hasta el año de 1970 era de 48 225 238 habitantes (INEGI, 1970). El número de beneficiarios del INFONAVIT ha incrementado:Al cierre de 2013, el Instituto formalizó 667 mil 626 acciones de crédito, con lo que se obtiene un acumulado de 7 millones 659 mil 965 créditos desde su fundación, (INFONAVIT, 2013).
Sin embargo, la autorización para ser derechohabiente de uno de éstos créditos requiere del cumplimiento con lo establecido de conformidad en los artículos 29 y 31 de la ley del INFONAVIT, exigiendo que el patrón inscriba al trabajador en el Instituto con el sueldo que percibía desde el momento de la inscripción. Así mismo, debe ser derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social, lo cual significa que sólo los trabajadores de la economía formal poseen dicho derecho. Según elCenso de Población y Vivienda de 2010, la tasa de ocupación en el sector informal calculada contra la población ocupada es del 27.2, y la tasa de informalidad laboral es del 58.1, calculada en contraposición con la población ocupada.
En Zacatecas, el 78.0% corresponde a viviendas particulares “habitadas propias” y, el 21.6%, a viviendas particulares “habitadas no propias”.
