D.F, Mex.- A nivel nacional la legislación contempla la interrupción legal del embarazo (ILE) para casos de violación, sin embargo, sólo seis de las 32 procuradurías estatales emitieron autorizaciones, reporta el Grupo de Información de Reproducción Asistida (GIRE).
12 son las autorizaciones emitidas entre agosto de 2012 y diciembre de 2013 por autoridades de Baja California, Chihuahua, DF, Oaxaca, Puebla y San Luis Potosí.
Gloria, una adolescente de 16 años, quedó embarazada por una agresión sexual y pese a que presentó la denuncia ante el Ministerio Público de Pachuca en Hidalgo, y solicitó el acceso legal a la interrupción del embarazo en tres ocasiones, se lo negaron.
Oaxaca es la entidad con el mayor número de autorizaciones, cuatro en total, de acuerdo con el informe «Niñas y Mujeres sin Justicia. Derechos Reproductivos en México», pero en los hechos, las mujeres y niñas víctimas de agresión sexual enfrentan múltiples obstáculos para interrumpir su embarazo de maneras legales, documenta la directora de GIRE, Regina Tamés:
«Las niñas son obligadas a denunciar, a esperar una autorización del MP o de un juez o hay un plazo para esta interrupción»
Ello, aunque los códigos penales no establecen de forma explícita el requisito de una denuncia para garantizar el acceso al aborto por violación, pero sí los procedimientos y lineamientos en 17 estados, a lo cual se suma que en 14 estados, la práctica se suscribe al primer trimestre de la gestación y la autorización del Ministerio Público o un juez de control.
Adicionalmente, las menores pueden acceder a la práctica, sólo si reciben la autorización de un adulto que funga como tutor, obligándoles a buscar servicios inseguros de aborto.
En 2013 se publicó la Ley General de Víctimas donde se establece la obligación de las autoridades de salud para proporcionar los servicios del ILE como una medida de atención médica de urgencia para las víctimas de violación sexual, sin requisito alguno.
Con información de Reforma