D.F, Mex.- En una discusión por momentos ríspida por parte de las y los consejeros del INE, se determinó que el Partido Verde Ecologista de México, mantenga su registro como fuerza nacional.
Al analizar y resolver la petición de más de 150 mil ciudadanos, entre ellos Sergio Aguayo, Eduardo Huchim, Denise Dresser, entre otros, que entre otros argumentos, solicitaron el retiro del registro al PVEM antes del proceso comicial, luego de sus violaciones graves y sistemáticas a la Constitución y a la ley electoral, los consejeros Marco Antonio Baños Martínez, Adriana Margarita Favela Herrera, Beatriz Eugenia Galindo Centeno, Enrique Andrade González, Benito Nacif Hernández, Ciro Murayama Rendón y del Presidente del colegiado, Lorenzo Córdova Vianello, desestimaron los argumentos.
Al inicio de la sesión, el consejero José Roberto Ruiz Saldaña y la consejera, Pamela San Martín, fueron en contra del proyecto, es decir, en todo momento se pronunciaron por retirar el registro al Verde Ecologista.
Argumentaron que la autoridad electoral no puede permitir “un costo beneficio”.
Al respecto José Roberto Ruiz Saldaña.
“En nombre de los derechos de los militantes se decide no tomarse la ley y la democracia en serio. En nombre del garantismo se socava el Estado constitucional de derecho. Implícita y falazmente se hace una distinción entre militantes indefensos y dirigencia transgresora de las normas. Se omite reconocer en el proyecto que ningún militante del Partido Verde se deslindó de las decisiones de sus dirigentes, más bien las avalaron, y fueron beneficiados por todas esas contravenciones a la ley. Los militantes son también el partido y todos debieran correr la misma suerte. En la lógica de no afectar los derechos políticos de los militantes, hoy se pretende inaugurar la impunidad partidista.
Incluso mencionó que tiene multas firmes por 185 millones de pesos y están por resolverse impugnaciones que versan sobre sanciones que ascienden a más de 400 millones de pesos. Es perfectamente posible que los montos de las sanciones superen el financiamiento ordinario de este año, afirmó.
“La afectación de la paz pública, el uso de violencia o atentar contra el régimen de libertades como casos en que se justificaría la pérdida del registro, no son pertinentes ni aportan a la motivación del presente proyecto. Las especificidades de España -como su nacionalismo, la erosión a su consolidación democrática provocada por el terrorismo, o las pérdidas de vidas y, con ello, del más valioso presupuesto para la realización de la política- no pueden ser aplicables a México. Con este fallido ejercicio de derecho comparado se omite considerar que el sistema electoral mexicano está centrado en preservar, como valor supremo y más preciado, la equidad en la contienda, precisamente lo que vulneró, una y otra vez, el Partido Verde Ecologista de México”.
Aunado a ello, la consejera Pamela San Martín, expresó que las conductas del partido Verde Ecologista fue grave y sistemática, por lo que se debería de discutir en estas dimensiones, porque de no ser así valdría la pena preguntarse “¿qué se necesita para ello? ¿A qué extremo tienen que llegar las conductas y la afectación a los bienes jurídicos tutelados por el sistema electoral?”.
“Pero, ¿cómo puede no ser grave la conducta de un partido político que de forma intencional y sistemática, antes y a lo largo del proceso electoral, hace de la violación al estado de derecho, su estrategia electoral? Yo sostengo que es en este elemento, precisamente, en el que radica la gravedad. No obstante, el proyecto busca responder esta pregunta estableciendo un estándar de “gravedad” que no define, simplemente lo asimila dogmáticamente a que las violaciones “se traduzcan en una transgresión directa e irreparable a las finalidades que la Constitución atribuye a” los partidos, y a que se haya trastocado el orden constitucional “en modo y forma tal que el partido… haya dejado de cumplir con [sus] finalidades”. Además, indebidamente lo hace depender de que sus efectos hayan sido “neutralizados”, por elementos ajenos al actuar del propio partido político”.
Pamela San Martín, precisó en qué consistió la gravedad de la conducta del Verde.
“¿Por qué? ¿En qué consistió la conducta del Partido Verde que amerita una consecuencia de esta magnitud? No se trata únicamente de que se haya acreditado la violación de la ley, ni el número de veces, o los mecanismos específicos empleados con este fin, sino en que el partido político hizo de esta estrategia, su marco de acción, previo a y durante las distintas etapas de un proceso electoral, incluso a pesar de los mandatos de la autoridad. No se trata de conductas aisladas, o coyunturales. Lo que se acredita, tal como el propio proyecto lo establece, es que desde septiembre de 2014, es decir, siete meses antes de que los demás partidos políticos empezaran las campañas electorales, el Partido Verde emprendió una estrategia publicitaria integral, reiterada y constante, a través de diferentes medios y vías, que claramente buscaba favorecerlo frente a la ciudadanía de manera indebida, vulnerando el principio de equidad en la competencia”.
Para fijar su voto en contra, el consejero Javier Santiago Castillo, explicó que el proyecto presentado es “contradictorio”.
“Desde mi perspectiva el proyecto es contradictorio y, por tanto, no aporta certeza jurídica que es un objetivo fundamental de la autoridad electoral. Nos dice que la conducta no revistió la gravedad máxima requerida para la aplicación de una sanción máxima, como es la pérdida del registro, no comparto tal calificación y pregunto ¿qué se requiere para que se valore la gravedad de una conducta como la desplegada e ilustrada en el proyecto?, qué más debe hacer el partido encausado?, suponiendo sin conceder que en efecto no fuera aplicable la pena máxima, que es la pérdida del registro, tampoco es pos8ible afirmar como lo hace el proyecto que existe una actuación deliberada del partido en contra de la ley que fue una conducta sistemática y grave, pero concluye sin proponer sin proponer ninguna sanción”.
En la discusión del tema, se dijo que el Partido Verde Ecologista ha acumulado un monto económico en multas por 597 millones 566 mil 467.41 pesos y ya se encuentran firmes, es decir, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya confirmó la cifra asciende a 189 millones 474 mil 675.71 pesos.
Con estas cifras de multas acumuladas, para algunos consejeros el Verde Ecologista,
Incluso se mencionó los asuntos del PEMEX-GATE y los Amigos de Fox.
Al respecto el consejero, Ciro Murayama Rendón.
“¿Las faltas acreditadas deben llevar al Estado mexicano ya a desaparecer al Verde?, ¿no teneos otra opción? Veamos precedentes de violación grave a los princip´9ios de equidad en la contienda. Dos casos emblemáticos PEMEX-GATE y Amigos de Fox representaron trasgresiones a las reglas de acceso a financiamiento y de gasto por los dos principales actores políticos del país, el partido en el gobierno y la coalición que llegó al gobierno en el año 2000 y en qué consistieron las sanciones, en ejemplares castigos económicos. Por qué habrá que castigar al verde con otra vara, aplicar la sanción extrema”.
Agregó que además el Partido Verde, con sus “conductas infractoras” “no puso en riesgo” la jornada comicial.
“Ahora bien, por detestable que sea la reiteración de las conductas infractoras, el Verde no puso en riesgo la celebración de elecciones ni el ejercicio del voto, tampoco sacó del aire y de la exposición ante el electorado a las demás opciones electorales. El Verde no quiso acabar con las votaciones, finalizar con el sistema democrático, sino aprovecharse del ilegítimamente”.
Para acompañar el proyecto, el Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, dijo que la pérdida de registro es una “sanción última, extrema” que en este caso no se aplica, toda vez, que no se atentó contra el sistema democrático.
“La pérdida del registro, es la sanción más grave que puede imponerse a un partido político. En una sanción radical, suma y en los hechos trascendentes, pues sus efectos no se circunscriben sólo al partido político al que se le aplica o a su dirigencia, sino que alcanzan a los derechos de sus militantes y simpatizantes. Dicho de otro modo, la pérdida del registro de un partido es equivalente en el sistema de partidos, a lo que la nulidad de una elección es al sistema electoral. Es y debe ser una solución última, extrema, indispensable para salvaguardar la integridad y subsistencia del sistema de partidos del mismo modo que la nulidad de una elección es la salida ineludible, para que una democracia siga siendo una democracia”.
Calificó como una falacia, que se diga que el Verde Ecologista, se quedará impune por sus violaciones.
“Las sanciones que se le han impuesto a ese partido por esas razones, insisto, alrededor de 600 millones de pesos, suponen un monto cercano a dos años del financiamiento público ordinario al que tiene derecho. Es una falacia pues, hablar como algunos lo hacen de impunidad que literalmente significa “falta de castigo” para dichas conductas”.
Los consejeros que estuvieron en contra del proyecto, fueron la consejera, Pamela San Martín y los consejeros, José Roberto Ruiz Saldaña, Arturo Sánchez Gutiérrez y Javier Santiago Castillo.