D.F, Mex.- La policía ha detenido a un primer sospechoso del asesinato de cuatro mujeres y del fotoperiodista Rubén Espinosa el viernes pasado en un apartamento de la Ciudad de México. Los motivos del crimen aún no se conocen. Se conjeturan el robo, el feminicidio y el asesinato político, dado que Espinosa, reportero de 31 años, había huido hace sólo dos meses por amenazas del Estado de Veracruz, mortífero para la prensa, a México DF.
El primer arrestado tiene 42 años y estuvo en la cárcel de 1996 a 2005 por violación. La Fiscalía de México DF no lo ha confirmado pero en versiones que circulan en torno a una instrucción marcada por el flujo sistemático de filtraciones se afirma que dos de las víctimas fueron violadas: una mexicana de 18 años llamada Yesenia Quiroz y una colombiana de 31, Mile Virginia Martín, compañeras de piso de una tercera víctima, Nadia Vera, 32 años, amiga y compañera de activismo de Espinosa en Xalapa (Veracruz).
La quinta asesinada fue la empleada del hogar, Alejandra Negrete, de 40 años. El reportero y las tres jóvenes habían trasnochado en casa y se habían acostado tarde. La empleada llegó a las nueve. Seis horas después estaban todos muertos con un tiro en la cabeza.
El robo, las violaciones y las ejecuciones tuvieron que suceder en menos de una hora, entre que Espinosa mandó un último mensaje a un amigo, 14.13, «Te escribo llegando a casa», y la salida de los asesinos en torno a las tres. De las habitantes de la casa no se conoce que tuviesen demasiados recursos. Pagaban entre las tres y una cuarta (la que descubrió el crimen el viernes por la noche al volver de trabajar) unos 600 dólares mensuales por un apartamento en un barrio de clase media.
El caso ha impactado por su crueldad y ha adquirido un relieve especial porque el reportero había escapado hace poco de un Estado maldito para la prensa como Veracruz, donde desde 2011, con Javier Duarte como gobernador, han matado a 15 periodistas.
Los asesinatos de informadores, un centenar desde 2000, más que en toda la guerra de Vietnam, son una de las lacras de violaciones de derechos humanos que arrastra México. Organismos como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y numerosas ONG y voces de la sociedad civil exigen desde el arranque de la investigación que se ahonde en la línea de un posible asesinato político.
