D.F, Mex.- El vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Luis Sánchez Jiménez, subrayó la importancia de dotar a los pueblos indígenas de herramientas para que conozcan las leyes para su defensa y puedan ejercer sus derechos.
Durante la presentación en el Senado de una edición bilingüe español-maya de la Constitución Política mexicana, destacó la importancia de esa herramienta para promover las garantías y los derechos de los pueblos y las comunidades que hablan esa lengua.
El legislador informó que la lengua originaria que más se usa en el país es el náhuatl, con un millón 544 mil 968 hablantes; seguida por la maya, con 786 mil 113; la mixteca, con 471 mil 710; la tzeltal, con 445 mil 856, y la zapoteca, con 425 mil.
Por ello remarcó la necesidad de contar con traducciones en lenguas indígenas, pues la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reportó en 2014 que ocho mil 334 indígenas presos no hablan español y a 80 por ciento de ese total se le violó su debido proceso al carecer de un traductor para que conociera los cargos que se le imputaron.
Por su parte Fidencio Briceño, coordinador de la traducción de la Carta Magna a maya, expresó que con ese trabajo se abre un mundo de posibilidades a las lenguas indígenas, pues se reconoce su importancia y validez.
Además acerca a los pueblos originarios al campo de la justicia, pues quien no conoce las leyes no conoce sus derechos.
Insistió en la necesidad de poner en marcha políticas lingüísticas claras y efectivas para salvaguardar esos idiomas, que son minimizados frecuentemente.
Es necesario traducir leyes, decretos, reglamentos y demás documentos que atañen al aspecto legal a fin de dar a las comunidades herramientas jurídicas para la defensa, protección y difusión de sus derechos, externó.
Agregó que la lengua maya es una de las variantes lingüísticas con más número de hablantes en México, por lo que debe ser un orgullo y un compromiso luchar para su permanencia y uso en más contextos comunicativos.
En su oportunidad el presidente de la Cámara de Diputados, el perredista Julio César Moreno Rivera, refirió que en 2010 cerca de siete por ciento de la población mexicana era hablante de una lengua indígena y de ese porcentaje 16 por ciento no sabía español.
“Hasta hace poco tiempo aproximadamente uno por ciento de la población se regía por una Constitución que no podía comprender”, dijo al resaltar que, la edición bilingüe que hoy se presenta, es un material básico para la integración de la identidad nacional.
Explicó que esta versión en maya de la Constitución contiene las recientes reformas en materia educativa, competitividad y político-electoral, energética y en telecomunicaciones.
Se trata, dijo, de un valioso esfuerzo de distintas instituciones para difundir los ordenamientos jurídicos en las lenguas maternas de las comunidades indígenas.
A su vez la también perredista Graciela Saldaña Freire dijo que la cantidad de “maya-hablantes” abarca una Población Económicamente Activa que demanda educación y fuentes de empleo.
Destacó que la Constitución representa una herramienta para la educación y reconocimiento de los derechos humanos en Campeche, Yucatán y Quintana Roo, estados donde el maya es de uso común.
En tanto que el coordinador de los diputados del PRD, Agustín Miguel Alonso Raya, señaló que la presentación de la Carta Magna en maya busca cumplir con el respeto, el reconocimiento de la composición pluricultural de la nación y con los preceptos de la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.
Consideró que es obligación del Estado mexicano garantizar el desarrollo integral de todos los pueblos y comunidades y reconocer el pleno respeto a sus derechos políticos, culturales, económicos y sociales, además de los establecidos en normas y convenios internacionales.
Finalmente Fabricio Gaxiola, director general adjunto del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, manifestó que esa traducción representa un trabajo importante para fortalecer la identidad y el prestigio de las lenguas indígenas, pues acerca a una parte de la población maya a la Carta Magna.
“Traducir documentos legales a lenguas indígenas presenta enormes complejidades técnicas, lingüísticas y de significado, porque no necesariamente existen los mismos conceptos en ambos idiomas”, por lo que es necesario reconocer y destacar este trabajo, asentó.
