Andrés Vera – PM
Zacatecas, Zac.- Desde hace 3 meses que se presentaron aproximadamente 1700 amparos promovidos por la Diputada Soledad Luévano contra la reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac), luego de que el juzgado pertinente emitiera la suspensión definitiva de la Ley a la mayoría de estos y en una segunda resolución, negara el recurso jurídico a sólo 8 demandas, hay una contradicción legal, es decir, el mismo juez, en el mismo caso, con el mismo formato emite dos criterios diferentes y aunque la mayoría de las promociones fueron a favor de no ser aplicada la nueva Ley a los trabajadores, el segundo criterio dejará antecedente para que los más de 1690 amparos sean negados, «esto es por indebida injerencia del gobernador» acusó la legisladora de Morena.
Y es que cabe recordar, que el propio instituto había presentado un recurso de revisión de los mismos y le fue negado por el Circuito Colegiado de Distrito quien daba la razón a la suspensión definitiva en primer término, sin embargo, luego de que el juez negara el mismo derecho en segunda instancia a los 8 amparos subsiguientes, «no hay razón para que se determinara una resolución de esa forma, por lo que esto nos indica, que el gobernador Miguel Alonso ha dado línea para que sean negados y en racimo, los demás que habíamos ganado también se nos niegue, quieren a toda costa aplicar una Ley que busca afectar los derechos de los trabajadores y claro, vender los activos del instituto», expresó Luévano Cantú.
Será en próximos días cuando se emitirá la sentencia absolutoria, pero como el juez emite dos criterios contradictorios, es claro que Alonso metió la mano dijo la diputada.
Existe jurídicamente la posibilidad de interponer un recurso de revisión para que el juez explique porque no considera que existe una violación constitucional de la Ley del Issstezac de cada uno de los argumentos para presentar el amparo y que también señale bajo que sustento emitió primero amparos a favor y luego los niega.
Es decir, ante la razón legal que tuvieron los promoventes, en seguida, se emitió un posicionamiento que no tiene justificación legal, por lo que es una orden política y todo con la finalidad de poder vender los activos de bienes raíces del instituto que están valuados por 1200 millones de pesos, lo cual no era posible ante la suspensión definitiva de la aplicabilidad de la Ley que otorgaba el amparo.
En la nueva Ley, se contempla la desincorporación de las propiedades de las cuales forman parte los hoteles, tiendas y demás. Es decir, rematarlos a precio de ganga ya que no hay un procedimiento de licitación integrada en la reforma, por lo que «cualquier» persona pudiera obtenerlas. En este sentido, la diputada acusó al gobernador de querer adueñarse de estas propiedades públicas a costos ridículos y dejar en la indefensión al propio instituto.
Cabe recordar que uno de los pretextos para aprobar la Ley del Issstezac fue que el instituto estaba en quiebra por lo que se debían aumentar las cuotas y reducción de pensiones para rescatarlo, entonces, «¿para qué necesitan vender las propiedades si supuestamente con esas acciones que limitaron los derechos económicos de los trabajadores se salvó el instituto?», reclamó la legisladora.
Además, cuestionó que el deshacerse de bienes raíces sea un negocio bueno en términos de un supuesto salvamento, el cual se palió también de manera virtual con el aumento de cuotas salariales.
Las propiedades tienen plusvalía sobre todo por los lugares en donde están ubicados como el Hotel Mesón de Jobito o El Parador, en zonas de alto valor catastral, por lo que venderlas para darle liquidez al instituto es algo simplemente inviable, puesto que se supone que esto fue resarcido al disminuir los años de pensión, «por lo que, el negarnos los amparos, para poder vender propiedades, es sólo para que el gobernador y sus funcionarios puedan llenarse más los bolsillos con activos de 1200 millones de pesos que obtendrán a precio ridículo», sentenció Soledad Luévano.
Finalmente, dijo que será en próximos días cuando reciban la notificación para acudir a obtener la sentencia y poder analizar que acciones deberán tomarse ante otro de los robos más cínicos que realiza la administración priista, acusó.
