Técnicamente, en nuestro país existe la libertad de expresión como una garantía fundamental de todos los ciudadanos. Sin embargo, en la práctica, muchas voces son acalladas a causa del miedo y la violencia.
México ocupa el octavo lugar en el mundo de aquellos países en donde los periodistas son asesinados en forma recurrente y en el cual los gobiernos han fracasado en su intento por enjuiciar a los culpables, lo anterior se logra observar en el reporte elaborado por Comité para Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).
En dicho informe, el CPJ relata la forma en que 12 países durante los últimos nueve años (2002-2011) se han olvidado de proteger a los periodistas y peor aún la forma en que no se han resuelto los crímenes.
Países como Irak, Somalia, Filipinas, Sri Lanka, Colombia, Nepal y Afganistán están por encima de México en cuanto al tema de violencia contra periodistas.
Cada 26.7 horas, un periodista es agredido en el país. Tan solo en 2014 se registraron 326 ataques contra comunicadores y cinco reporteros fueron asesinados presumiblemente por realizar su labor. En regiones como Tamaulipas o Chihuahua, la autocensura es la única defensa ante los embates de criminales, aunque en el resto del país, la mayor parte de las agresiones provienen desde el poder.
Entre abril y mayo, la organización Artículo 19 ha podido documentar por lo menos 10 casos de periodistas y medios de comunicación que ante la impunidad imperante vuelven a ser blanco de nuevos ataques o amenazas a pesar de contar con medidas de protección del Estado Mexicano o denuncias penales por las agresiones sufridas con anterioridad.
En resumen, se trata del peor panorama para la libertad de prensa y el derecho a la información de los últimos siete años.
Según el informe “Estado de Censura”, elaborado por Artículo 19, las agresiones a periodistas han aumentado alarmantemente en el sexenio de Enrique Peña Nieto con respecto al de Felipe Calderón, cuando se registraba un ataque cada 48.1 horas.
En el Distrito Federal, gobernado por Miguel Ángel Mancera, ocurrieron 85 agresiones, sobre todo en protestas sociales, por lo que encabeza la lista de incidencia en todo el país. Esto significa un aumento de 70% de incidencia para este sexenio, toda vez que con Calderón se registraron 98 ataques en la capital, un promedio de 16.3 por año; pero con Peña ya suman 166 solo en dos años (81 en 2013 y 85 en 2014).
Y es que la administración federal inició con una manifestación en la Ciudad de México por la toma de protesta como Presidente de Enrique Peña Nieto el 1 de diciembre de 2012 que dejó heridos, inmuebles destruidos y más de una centena de detenidos. En los siguientes meses, durante las movilizaciones que resultaron en vandalismo por parte de un grupo de autodenominados anarquistas, los periodistas eran agredidos por estos y por policías al documentar los enfrentamientos y detenciones.
En el sexenio de Calderón, Tamaulipas y Chihuahua fueron las entidades más violentas para la prensa con 58 y 92 agresiones registradas respectivamente, de las cuales 13 fueron asesinatos (nueve en Chihuahua y cuatro en Tamaulipas); en contraste, en los dos años de gobierno de Peña Nieto, suman 13 y 12 las agresiones, respectivamente, incluido un asesinato por cada estado.
Pero la disminución no necesariamente es una buena señal y se puede explicar en gran medida por el temor de la prensa a informar acerca de temas que pongan en riesgo su integridad, “lo que ha generado una censura —y auto censura— generalizada y, por lo tanto, un efecto inhibidor en la prensa de estas entidades”,advierte el estudio.
En Quintana Roo, gobernado por Roberto Borge, se registraron 42 agresiones a periodistas en 2014. Es la segunda entidad de mayor incidencia y con acciones que bien podrían rayar en lo inverosímil. Por ejemplo, las portadas del semanario Luces del Siglo, de Cancún, Quintana Roo, una de las publicaciones más destacadas dedicada a la investigación y una línea editorial crítica hacia el gobierno de la entidad y los municipios, fueron falsificadas y compartidos por correo electrónico y redes sociales en 38 ocasiones.
Veracruz ocupa el tercer lugar. En la entidad gobernada por Javier Duarte han ocurrido 42 ataques a comunicadores. Uno de ellos fue el asesinato del reportero Gregorio Jiménez. Y aunque en ocurrieron en otra fecha, no puede olivarse el asesinato de Regina Martínez, corresponsal de la revista Proceso y la muerte de Moisés Sánchez, periodista del municipio de Medellín, así como el caso más reciente de Rubén Espinoza, quien huyó de la violencia en la entidad para ser asesinado poco después en el Distrito Federal. En ningún caso se ha investigado hasta conseguir el castigo a los responsables.
Desde 2007 el país atraviesa por una de las crisis de inseguridad más agudas debido al crimen organizado y la “guerra” emprendida en contra de los cárteles de la droga por el ex presidente Felipe Calderón, pero la mayoría de las agresiones contra periodistas reportadas durante 2014, provienen del poder y no de los criminales.
El diagnóstico revela que del total de ataques, 156 provienen de funcionarios públicos, en 86 casos se desconoce al agresor; 56 fueron por parte de particulares; 11 por una organización sindical; 8 por el crimen organizado y el resto por fuerzas partidistas, medios de comunicación y organizaciones sociales.
Aunque México existen leyes, programas, una fiscalía lo que lo convierte en uno de los sistemas más robustos de protección de todo el mundo, las agresiones a la prensa continúa en aumento. “La pregunta obvia es ¿por qué? La respuesta obvia sigue siendo la misma: la total impunidad de quienes actúan contra la prensa”, afirma Darío Ramírez, director de Artículo 19, oficina para México y Centroamérica.
Esto se explica con datos duros, pues a cinco años de haber sido creada la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE)—antes Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas (FEADP)—, “el Estado mexicano aún está en deuda respecto de su obligación de prevenir y proteger a quienes llevan a cabo actividades periodísticas”, dice Artículo 19.
Botones de pánico sin señal, teléfonos emergencia que nadie contesta, patrullajes que no se hacen, cámaras que tardan meses en ser instaladas, nulo seguimiento de las investigaciones… así “funciona” el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en México.
Las fallas de este programa, creado en junio del 2012 para – en teoría – proteger a periodistas y activistas que por su labor pudieran estar en riesgo, fueron desnudadas por medio centenar de organizaciones civiles e internacionales que realizaron un diagnóstico sobre su operación. La conclusión, es que el mecanismo hoy en día es incompleto, opaco y muchas veces inútil.
