En el ámbito de la seguridad pública, la demanda de mayores espacios para alojar a las personas que enfrentan un proceso judicial y los que se encuentran cumpliendo alguna condena por infracciones a la ley se ha convertido en una presión para las políticas públicas y el presupuesto nacional.
El hacinamiento carcelario promovido por la prisión preventiva, en el contexto de las políticas antidrogas mantiene sobresaturados los 387 centros penitenciarios existentes en el país. De los 203,228 espacios disponibles a febrero del 2015, se tiene una población procesada y sentenciada de 257,291; es decir, 27% por arriba de su capacidad de alojamiento, de acuerdo con información de la Secretaría de Gobernación.
Un estudio del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), realizado por Elena Azaola, indica que cada preso cuesta 150 pesos al día al Estado, mientras que en penales construidos bajo los contratos de prestación de servicios, como los federales, cada interno cuesta hasta 2,000 pesos al día, es decir, cuesta más un hombre en prisión que lo que recibe una familia que vive por debajo de la línea de la pobreza.
En el detalle se aprecia que en algunas entidades la sobresaturación supera en forma considerable la capacidad de alojamiento. Tal es el caso de los penales del Estado de México, cuya población supera en 152% la capacidad de alojamiento; le siguen Nayarit e Hidalgo, con 150 y 112%, respectivamente. En Morelos, Jalisco y el DF, la capacidad es superada en 83, 81 y 73%, respectivamente.
De la población carcelaria, 148,205 purgan sentencia (58%) y 109,086 permanecen en prisión preventiva (42 por ciento). En términos absolutos, hay 54,063 reos más de los que el sistema carcelario puede soportar; tal cifra es 61% más que la registrada en el 2000.
En otro trabajo de investigación, elaborado por Elías Carranza, director del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (Ilanud), se destaca que en México hay entre 3.1 y 19.2 internos por cada custodio. Enfatiza que la relación numérica óptima estimada es 1:1, es decir, de un funcionario o funcionaria de seguridad por cada privado de libertad.
