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Zacatecas, Zac.- Luego de que en días pasados, Álvaro Ortiz, hijo del fallecido del fallecido José Álvaro Ortiz Pesquera, fundador del Instituto Zacatecano de Bellas Artes (IZBA), hoy conocido como el Instituto Zacatecano de Cultura (IZC), acusó a Rafael Tovar y de Teresa, presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), así como del director actual del IZC de no respetar un contrato de administración y de utilizar recursos públicos para trasgredir los intereses de la familia Ortiz, el propio Gustavo Salinas Iñiguez, titular del Instituto aseveró que nada tiene que ver con el asunto pero tiene lujo de detalles del mismo.
Según Álvaro Ortiz, quien posee un contrato de administración de un inmueble situado en el número 141 del Jardín Juárez, de la colonia Centro de la capital zacatecana, que pertenecía al historiador y coleccionista de arte y ex cronista de la Ciudad de México, Guillermo Tovar y de Teresa, hermano del titular de Conaculta, durante los primeros días de julio del año pasado “se comenzaron a recibir diversas amenazas y sugerencias por parte del titular del Instituto Zacatecano de Cultura (IZC) “Ramón López Velarde”, Gustavo Salinas Iñiguez”, exigiendo que se le entregara a él el bien inmueble antes citado, todo ello sin sustentarlo jurídicamente y utilizando a personal del instituto para invadir el inmueble de manera ilegal.
A este respecto, el funcionario y «encargado» de la cultura en Zacatecas, ha argumentado que sólo ha fungido como mediador en el caso pero conoce con lujo de detalles, como el mismo Rafael Tovar pidió apoyo al ex procurador Arturo Nahle, cuando éste tenía injerencia judicial en el estado, para que se abriera la casa luego de una supuesta negativa por parte de la madre del contratista.
Además refiere que el propio Nahle mandó a una persona para que abriera el inmueble, cambiara las chapas y sacara, por medio de una empresa de limpieza, «cientos de bolsas de basura», aunque nadie más tiene referencia de este hecho y pueda asegurar que en el interior de éstas, no fueran sacadas pertenencias del propio Álvaro Ortiz quien legalmente pide se le respete su contrato como administrador y se le permita sacar sus objetos personales del interior del inmueble.
Lo que el titular del IZC omitió señalar es que el día que el inmueble fue violentado sin contar con un ordenamiento judicial, y acompañado del Ministerio Publico Efraín Montalvo Márquez, Tovar y de Teresa, despoja del bien inmueble a quien tenía la posesión legítima y legal y ese día fue acompañado de Héctor Emanuel Galavíz Castañeda, coordinador de administración del IZC (sobrino del titular Gustavo Salinas Iñiguez). Quien dice no tener implicación legal de ningún tipo, pero existe una contradicción en los hechos, pues, ¿porqué un familiar de él y trabajador del IZC tuvo que ser parte del despojo?.
De igual forma. Salinas aseguró que este caso debe ser llevado en los tribunales y no por publicaciones ante medios de comunicación, sin embargo, se permitió emitir juicio de que el demandante, Álvaro Ortiz, quien jurídicamente exige se le paguen las cláusulas del contrato, no tiene elementos legales para tal efecto, lo que contraviene su dicho que sólo ha fungido como mediador, pues en ningún momento ha sido imparcial.
