Andrés Vera – PM
Zacatecas, Zac.- Al hacer un llamado a la unidad del panismo zacatecano, Ricardo Anaya Cortéz presentó su plataforma de “regeneración” para buscar la presidencia de Acción Nacional.
Entre los puntos destacables, hizo referencia a que no se tolerarían casos de corrupción en la militancia panista para ser congruente dijo, con el Sistema Nacional Anticorrupción del cual es el principal impulsor. A este respecto, PerióMetro.com cuestionó al aspirante cuál era su opinión por el caso de su coordinador de campaña en el estado, el diputado Luis Acosta, quien como presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso Local, tiene una empresa con asignaciones en obra pública estatal, y cuyo representante legal es Joel González, quien además funge como asesor técnico de dicha Comisión, si es un conflicto de interés que pudiera denominarse como corrupción en estricto sentido. En este tenor, Anaya se limitó a responder que no se deben hacer declaraciones sobre argumentos especulativos, pero en todo caso, no se permitirá que en el panismo existan corruptelas de ningún tipo.
Sin embargo, exhibió Anaya el desconocimiento de su equipo de trabajo porque la empresa MACO CONSTRUCCIONES Y MATERIALES S.A DE C.V es propiedad del diputado Luis Acosta aunque el apoderado legal sea el asesor técnico de la Comisión señalada.
Dijo que “no podía permitir juicios a la ligera sin pruebas”, pero omitió señalar que conocía el caso a profundidad para poder emitir una afirmación de tal tipo.
En todo caso, dijo que exactamente como propuso con el Sistema Nacional Anticorrupción, al interior del partido también crearían órganos autónomos para que investiguen cualquier acusación y desahoguen pruebas para quien hay realizado actos de corrupción. “No encubriremos a nadie” aseveró.
Cabe recordar que en el artículo 24 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas en su apartado décimo señala: No invocar o hacer uso de su condición de diputado en el ejercicio de actividad mercantil, industrial o profesional.
Cabe señalar que la Comisión de Vigilancia tiene dentro de sus objetivos, vigilar que los cuentas públicas de los presupuestos de ingresos y egresos del gobierno estatal y municipios sean aplicados conforme a derecho, es decir, fiscalizar que los contratos, por ejemplo, de obras públicas hayan sido ejecutadas en el marco de la legalidad, por lo que puede emitir señalamientos de malos manejos financieros, por lo que el conflicto de interés derivaría si se puede ser juez y parte en la asignación de contratos de obra pública.
