Redacción – PM
Zacatecas, Zac.- Álvaro Ortiz, hijo del fallecido del fallecido José Álvaro Ortiz Pesquera, fundador del Instituto Zacatecano de Bellas Artes (IZBA), hoy conocido como el Instituto Zacatecano de Cultura (IZC), acusó a Rafael Tovar y de Teresa, presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), así como del director actual del IZC de no respetar un contrato de administración y de utilizar recursos públicos para trasgredir los intereses de la familia Ortiz.
El diferendo se basa en la posesión legal de un inmueble situado en el número 141 del Jardín Juárez, de la colonia Centro de la capital zacatecana, que pertenecía al historiador y coleccionista de arte y ex cronista de la Ciudad de México, Guillermo Tovar y de Teresa, hermano del titular de Conaculta. Se trata de una pequeña casa que se encuentra en la parte superior de la fachada del hotel Mesón de Jobito.
Dicha casa fue diseñada y construida por Álvaro Ortiz Pesquera en el año de 1992. En el mes de noviembre del año siguiente (1993), recibió Ortiz Pesquera una carta poder notariada de Guillermo Tovar que lo acreditaba como el único administrador del bien inmueble.
Al fallecer Ortiz Pesquera, su hijo Álvaro Ortiz Fava, suscribió un contrato de administración en el que le daba el carácter jurídico para ser el responsable de la casa, pagar su mantenimiento y tener el derecho de habitación, esto ocurrió en el mes de enero del año 2000, por lo que hasta el año pasado la familia Ortiz Pesquera, extendía la responsabilidad del lugar.
Sin embargo, Guillermo Tovar, falleció en el mes de noviembre del año 2013, la casa quedó en calidad de intestada. No fue hasta el mes de julio del año 2014 cuando comenzaron los conflictos entre las familias Tovar y de Teresa y Ortiz Pesquera, y el abuso de poder de Rafael Tovar y de Teresa.
Esto a pesar que desde 12 de diciembre del 2013, se aperturó la sucesión intestamentaria ante la notaria 168 en la Ciudad de México. Cabe recalcar que en la promoción de éste juicio intestamentaria, “de manera irregular” aparece la firma de Luis Norberto Cacho Pérez, quien hasta el momento es el director general jurídico de Conaculta.
De acuerdo con declaraciones de la familia de Ortiz Pesquera, durante los primeros días de julio del año pasado “se comenzaron a recibir diversas amenazas y sugerencias por parte del titular del Instituto Zacatecano de Cultura (IZC) “Ramón López Velarde”, Gustavo Salinas Iñiguez”, exigiendo que se le entregara a él el bien inmueble antes citado, todo ello sin sustentarlo jurídicamente y utilizando a personal del instituto para invadir el inmueble de manera ilegal.
Situación que no se logra por parte de Rafael Tovar y de Teresa hasta el 26 de noviembre del 2014, fecha en la que asistió a la ciudad de Zacatecas a inaugurar el museo Manuel M. Ponce.
Sin contar con un ordenamiento judicial, y acompañador del Ministerio Publico Efraín Montalvo Márquez, Tovar y de Teresa, despoja del bien inmueble a quien tenía la posesión legítima y legal.
Además de Montalvo Márquez, Tovar y de Teresa, ese día fue acompañado de Héctor Emanuel Galavíz Castañeda, coordinador de administración del IZC (sobrino del titular Gustavo Salinas Iñiguez).
Situación que ha provocado que la familia de José Álvaro Ortiz Pesquera ya haya actuado penalmente en contra de Tovar y de Teresa, donde ya existe una notificación para que se presente a declarar el titular de Conaculta ante un juzgado, para que explique la manera tan arbitraría en la que ha actuado.
Si bien, se trata de un asunto de particulares, en este caso dos familias que se disputan la propiedad de un bien inmueble situada en la ciudad de Zacatecas, lo que lacera es el aparente uso indiscriminado del recurso público para fines particulares, en este caso los de Rafael Tovar y de Teresa y del propio Salinas íñiguez
Álvaro Ortiz Fava exige que se le permita recobrar sus pertenencias y documentos puesto que habitó el inmueble y dado que se irrumpió el inmueble de manera ilegal al contravenir el contrato legítimo, se le despojó de sus posesiones por lo que este hecho es equiparable al robo y tiene implicaciones penales a quien resulte responsable, incluyendo al personal del IZC que según el propio Ortiz Fava, ha acudido a la casa.
Además solicita que se le pague en base al contrato de administración la liquidación del mismo si es que la pretensión de los dueños es vender el inmueble.
Por lo pronto, el ofendido ha interpuesto los recursos legales correspondientes
