Santo Domingo, ReD.- Organizaciones internacionales tienen sus ojos fijos en República Dominicana, donde miles de extranjeros ilegales, en su gran mayoría haitianos o de ascendencia haitiana, hacen filas de kilómetros en los centros de migración para acogerse a un plan de regularización cuyo plazo vence este jueves y que, de no concretar, los condena a la deportación, lo que ha causado desmayos, brutalidad policiaca y denuncias de abuso en los últimos días.
Un fallo del Tribunal Constitucional de la República Dominicana de septiembre de 2013 determinóquitar la ciudadanía a todos los extranjeros o hijos de extranjeros nacidos en Dominicana después de 1929, lo que contraviene el principio de irretroactividad. A raíz del fallo, surgió la Ley Especial de Naturalización, a la que se han acogido poco menos de 9 mil personas hasta la fecha.
El plazo para iniciar el trámite y estar protegido por la ley vence a las 7 de la noche de este jueves (hora local), pero las autoridades declararon que todo el que esté formado a esa hora será atendido. Esto ha causado el caos en algunos centros, donde grupos de extranjeros intentan expulsar a otros de la fila debido a viejas rencillas, dando como resultado la intervención policiaca.
Organismos como Amnistía internacional (AI) critican la decisión del gobierno dominicano. «La expulsión de nacionales dominicanos o personas en situación de apatridia está expresamente prohibida bajo el derecho internacional,» dijo Chiara Liguori, investigadora de AI para el Caribe. La ONU y la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) vigilarán el proceso de repatriaciones, que el Ejecutivo dominicano ha recordado que se realizará con firmeza pero respetando los derechos humanos.
Por su parte, Haití prepara un plan de emergencia para dar cabida a miles de personas expulsadas por su vecino. El primer ministro Evans Paul aseguró hoy a Efe que espera que las deportaciones se apeguen a derecho y se realicen de manera controlada, y pidió a su población ser solidaria con sus nuevos compatriotas.
