Andrés Vera – PM
Zacatecas, Zac.- Con cerca de 100 elementos de la policía municipal y estatal, alrededor de 3o comerciantes miembros de la Asociación Manos Artesanales A.C, fueron desalojados del Portal de Rosales del centro capitalino por orden del alcalde Carlos Peña Badillo bajo el pretexto de que no podían instalar sus puestos violando un convenio del 16 de diciembre del 2014 en el que se les otorgaba permiso para vender sus productos en dicho lugar.
El alcalde aseguró que los comerciantes pretendían instalar sus puestos al «interior» del Portal cuando en el convenio se especifica que sería sobre la banqueta. Sin embargo, los ahora afectados declararon a este medio que al momento del desalojo, apenas descargaban mercancías y acomodaban sus utensilios cuando de improviso, los uniformados en compañía de Héctor Banda Delgado, jefe de la Unidad de Comercio del ayuntamiento comenzó a levantar mesas y estructuras para arrojarlos sobre la avenida Hidalgo.
El pasado 2 de marzo, la Asociación señalada, interpuso una documento de comparecencia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado para ratificar el convenio sostenido semanas antes para que se les dejara laborar en el sitio.
A pesar de la solicitud para que se determinase de forma fehaciente el documento que les permitiese trabajar durante los 15 días de duración del Festival Cultural Zacatecas 2015 e el Portal de Rosales, y el cual fue firmado con rúbricas por parte de María de Lourdes Martínez Pérez, tesorera municipal; Zeus Santoyo de la Rosa, director de Inspección y Ejecución Fiscal; así como por Héctor Banda Delgado, jefe de la Unidad de Comercio, se realizó el desalojo violentando en primer término el convenio signado y en segundo lugar, los derechos humanos de los comerciantes.
En el lugar, quedaron «custodiando» policías municipales para evitar se reinstalen los artesanos y varias patrullas de la policía rondaron el lugar con torretas prendidas.
Los inconformes señalaron que permanecerán en el lugar de forma pacífica para protestar el acto de ilegalidad que aplicó el gobierno presidido por Peña Badillo.
