Andrés Vera – PM
Zacatecas. Zac.- 150 mil zacatecanos en todo el estado carecen de agua potable, lo que representa casi el 10 por ciento de la población total, aunado a que por lo menos otros 50 mil, tienen acceso al vital líquido pero en condiciones de insalubridad.
El dato fue proporcionado por el Frente Popular de Lucha de Zacatecas en voz de Felipe Pinedo, quien acompañado por la diputada Eugenia Flores, informaron además de una campaña en Zacatecas que pretende recabar cien mil firmas para evitar se consolide la llamada «Ley de Aguas Korenfeld» aprobada a principios del mes en San Lázaro que pretende privatizar el acceso y uso del líquido.
Para ello, el Frente emprendió este un evento político – cultural en la plaza Goitia para concientizar a la población sobre el peligro que representa la pretendida Ley que obligaría únicamente a la autoridad a garantizar 50 litros diarios de agua a los habitantes en asentamientos humanos.
En este sentido, Pinedo refirió que la manera en la que han venido siendo aprobadas las distintas reformas regresivas implantadas en lo que va de esta administración, está orientada a dotar a la Conagua de un margen discrecional lo suficientemente amplio para llevar la privatización del líquido vital a sus últimas consecuencias, como ocurre ya en el caso de las industrias eléctrica y petrolífera a raíz de la reforma energética peñista.
Se pretende, en suma, eliminar el sentido social que prima en la legislación nacional vigente en materia de recursos hídricos para convertir su extracción, tratamiento y distribución en un negocio y dejar que sean las lógicas de mercado las que regulen tales actividades.
Si incluso con las leyes en su forma actual existe inequidad manifiesta en el acceso de las personas al agua, la reforma en curso agudizaría, en caso de aprobarse, tal desigualdad y sería, en los hechos, nugatoria del precepto constitucional en el que se establece que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible
(Artículo 4°).
Por añadidura, la adulteración legal que se pretende imponer dejaría en la indefensión a estados, municipios y comunidades en el manejo de los recursos hídricos para favorecer a consorcios privados nacionales y extranjeros, no sólo los dedicados al manejo de aguas, sino también a empresas petroleras –la extracción de hidrocarburos con la técnica conocida como fracking tiene, entre otros muchos inconvenientes, usar y contaminar cantidades ingentes de agua– y a industrias que hacen un empleo intensivo del líquido.
