Nueva York, EU.- La tortura en México es generaliza y ocurre en un contexto de impunidad, lo que es un aliciente para su repetición y agravamiento, según el relator especial de Naciones Unidas sobre la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez.
«La tortura y los malos tratos durante los momentos que siguen a la detención y antes de la puesta a disposición de la Justicia son generalizados en México y ocurren en un contexto de impunidad», dice el primer párrafo de las conclusiones del informe de Méndez sobre México.
«La impunidad de la tortura y el maltrato es aliciente para su repetición y agravamiento», prosigue.
Méndez realizó una visita a México entre el 21 de abril y el 2 de mayo de 2014 y redactó un informe que hoy presentó ante el pleno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, reunido en su vigésimo octava sesión ordinaria.
El relator resalta que la finalidad de dicha tortura es castigar o extraer confesiones o información, y «hay evidencia de la participación activa de las fuerzas policiales y ministeriales de casi todas las jurisdicciones, y de las fuerzas armadas, pero también de tolerancia, indiferencia o complicidad por parte de algunos médicos, defensores públicos, fiscales y jueces».
Durante su presentación pública, Méndez denunció que en México la tortura, muchas veces, se da porque «se detiene para investigar en lugar de investigar para detener», aunque alabó al Estado por estar dando pasos alentadores, especialmente la introducción de modificaciones legislativas acordes a los estándares internacionales.
En el informe, denuncia también que «las salvaguardas son débiles, especialmente para detectar e impedir la tortura en esos primeros momentos y asegurar su investigación pronta, imparcial, independiente y exhaustiva».
El relator denuncia la deficiencia de los exámenes médicos, dado que raramente se constatan alegaciones o evidencias de torturas; la falta de control sobre la legalidad y el plazo de la detención; y que las declaraciones se presentan sin intervención judicial ni presencia del abogado.
Asimismo, Méndez critica que no se inician investigaciones de oficio, ni se excluyen de oficio pruebas obtenidas bajo tortura.
Ante esta situación, el relator «recomienda» a México «reconocer públicamente la dimensión de la impunidad respecto a las torturas y malos tratos y enviar enérgicos mensajes públicos a todos los funcionarios de seguridad y justicia federal y estatal de que toda tortura y maltrato será seriamente investigado y castigado, conforme a la normativa internacional, constitucional y penal».
Además, en el texto, el relator urge al país a tomar todas las medidas para prevenir y castigar seriamente toda represalia contra víctimas que denuncien torturas o malos tratos, sus familiares, representantes y defensores de derechos humanos.
Méndez pide urgentes reformas legislativas para adaptar la normativa a los estándares internacionales para efectivamente prevenir, evitar, juzgar y castigar todos los actos de tortura o malos tratos.
Uno de los actos «urgentes» que México debe emprender es la investigación de todas las denuncias presentadas hasta la fecha, incluidos «los sucesos pendientes de la Guerra Sucia».
En la misma línea, se debe suspender inmediatamente a los funcionarios sospechosos de aplicarla; y ordenar a los fiscales y jueces que excluyan de oficio cualquier prueba de la cual se tenga sospecha que ha sido obtenida bajo malos tratos.
Asimismo, Méndez pide que se retire «definitivamente» a las Fuerzas Armadas de las labores relacionadas con la seguridad pública.
Finalmente, el relator hace especial mención a la desaparición en septiembre de 2014 de 43 estudiantes en la localidad de Iguala, en el estado de Guerrero.
«La inaceptable tragedia constituye una llamada urgente al Gobierno para implementar reformas estructurales en materia de seguridad, lucha contra la corrupción y garantías de los derechos humanos», concluyó.
