En un reportaje publicado por el diario estadounidense The Nation se evidencia cómo la Iniciativa Mérida ha derivado en el apoyo de fuerzas armadas federales y estatales implicadas con el crimen organizado. Este programa establece que el gobierno de Estados Unidos ha aportado desde 2006 apoyo al combate de la violencia y la criminalidad mediante la entrega de suministros y adiestramiento a los elementos de seguridad pública de México.
El autor del reportaje, Jesse Franzblau, advierte que en la legislación estadounidense establece que el gobierno de Barack Obama tiene explícitamente prohibido prestar ayuda a individuos o unidades extranjeras que estén implicadas en violaciones sistemáticas de derechos humanos. Denuncia que a pesar de existir diversas pruebas sobre la conexión entre gobierno y policía con grupos delictivos, desde 2008 hasta la fecha EU ha invertido cerca de 2.5 billones de dólares.
A través de su investigación, Franzblau reporta que, mientras los gobiernos estatales y federal de México mantenía silencio sobre varios casos de colusión entre funcionarios públicos y grupos del crimen organizado, agentes estadounidenses recabaron informes sobre actos criminales que daban los suficientes argumentos para echar abajo la Iniciativa Mérida. El artículo hace un recuento de casos que han conformado la historia reciente de violaciones de derechos humanos a manos de funcionarios públicos mexicanos.
La masacre de Allende
En primer lugar resalta al figura de Héctor Santos Saucedo, quien desde principios del 2010 las autoridades de EU señalaron su implicación con el grupo de los Zetas. A pesar de ello, señalan documentos en manos del autor, Santos continuó ocupando cargos al frente de la guerra contra el narco de Felipe Calderón.: fue director general de investigaciones en Coahuila tras haber sido destituido como titular de la unidad de investigación del estado de Nuevo León. Durante el periodo de sus funciones en Coahuila, ocurrió la masacre en el pueblo de Allende, la cual fue encubierta durante algún tiempo.
En marzo de 2011 ocurrió en dicha localidad el secuestro y ejecución de 300 personas relacionadas con tres miembros de los Zetas que fueron señalados como informantes de la DEA. A pesar de lo aparatoso del crimen, el caso no fue investigado sino hasta enero de 2014.
“El caso de Coahuila expuso cómo oficiales estadounidense en México recibían información sobre vínculos del gobierno mexicano con el crimen organizado y abusos, mientras que Washington proveía de equipo, asistencia y entrenamiento a agentes implicados”, declara el reportaje.
Caso Iguala puso en la mira la crisis histórica en ddhh
Franzblau señala que atrocidades como la de Allende, Coahuila, hay muchas. Entre ellas se encuentran los hechos de Iguala del 26 y 27 de septiembre, el cual impactó la conciencia social y llamando la atención a la crisis de derechos humanos que se experimenta en México. Ambos casos guardan un patrón, advierte, primero la secrecía del Estado, la implicación de funcionarios con cárteles y el encubrimiento oficial de los hechos.
En el reportaje se asevera que la cantidad de documentos producidos por el gobierno estadounidense a partir de la Iniciativa Mérida demuestra la relación entre actos de abuso y crimen no son producto de uno cuantos oficiales corruptos en un nivel local, sino que se extiende a todos los niveles del gobierno mexicano, incluidos miembros del Ejército e investigadores federales. Por ello, afirma, no es de extrañar que las autoridades federales intenten desviar la atención de su responsabilidad e imputen las desapariciones como un acto local.
La documentación que fue utilizada para este reportaje en The Nation fue obtenida a través de Freedom of Information Act, la cual presentó solicitudes de información al National Security Archive.
