Zacatecas, Zac.- “Tenemos a un gobernador misógino, represor, intolerante y quien además desconoce los principales derechos de los ciudadanos: la libertad de expresión y el derecho a la libre manifestación”, recrimina Geovanna Bañuelos de la Torre, Comisionada Política Nacional del Partido del Trabajo (PT) en Zacatecas, al condenar los incidentes de violencia por parte del personal de logística y seguridad del gobernador del estado en contra de integrantes del Sindicato Único de Trabajadores del Instituto Zacatecano de Educación para los Adultos (SUTIZEA), donde una mujer integrante de este sindicato estuvo a punto de ser arrollada por uno de los vehículos donde viajaba el propio Jefe del Ejecutivo, Miguel Alonso Reyes. Los manifestantes buscaban entablar diálogo directo para exponer sus demandas.
El PT exhorta a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) para que inicie indagatoria al respecto por abuso de poder. “Sería sospechoso e indigno para los zacatecanos, si la Comisión de Derechos Humanos no impone una severa recomendación al Ejecutivo Estatal”.
La violencia trastoca la paz social
“Erráticas las posturas del secretario General de Gobierno, Jaime Santoyo Castro, quien menciona que la inseguridad es también responsabilidad de la sociedad”, sostiene Bañuelos de la Torre. Desde el inicio del mandato de Miguel Alonso Reyes, se prometió mejorar la seguridad y reestablecer la paz social, sin embargo, “vemos con preocupación cómo los incidentes delictivos siguen siendo recurrentes y atentan contra la tranquilidad del estado. La responsabilidad de que en Zacatecas persista la violencia, se carezca de fuentes de empleo, los ciudadanos no accedan a mejores condiciones de vida dignas, es de la administración estatal por ser el tutelar del Estado, de lo contrario, las autoridades son obsoletas”.
“Los recientes hechos de violencia han rebasado la tolerancia de los zacatecanos. Es indigno que no se pueda contener y mucho menos erradicar la violencia en el municipio de Fresnillo. Es verdaderamente lamentable que se ejecute a menores en lugar de que sigan su formación académica. Es abominable que la sociedad atestigüe a plena luz del día asesinatos como los perpetrados en contra del sastre David Reveles de León y un panadero en Fresnillo, ambos ocurridos el pasado fin de semana”.
Los homicidios se han incrementado en un 200% en relación a los meses de enero del 2014 y del 2015. En enero del año pasado se registraron 17 asesinatos y en el primer mes de este año la cifra fue de 35 homicidios. De acuerdo al Sistema Nacional de Seguridad Pública, la tasa de homicidios en los últimos cuatro años, no ha disminuido de manera significativa. En 2010 hubo 280 asesinatos; en 2011 se registraron 237; para el 2012 la cifra se incrementó a 342 homicidios; en 2013, disminuye a 279 y en 2014, tenemos un registro de 248 asesinatos.
Además, los delitos del fuero federal en nuestro estado, tampoco han decrecido. En 2012, se registraron 898 incidentes delictivos. En 2013 la cifra fue de 867 y para 2014 se incrementaron a 905 los delitos contra la salud, posesión de armas de fuego y explosivos, derechos de autor, vías de comunicación, electorales, ambientales entre otros.
Nahle García ‘defensor de oficio’
“Aberrante que Arturo Nahle García, procurador General de Justicia del Estado (PGJEZ) evada su responsabilidad que consiste en procurar justicia pronta, expedita e imparcial para quienes han sufrido un agravio en contra de su integridad física, moral o su patrimonio”, sostiene la dirigente del PT al referirse a las recientes declaraciones del procurador General de Justicia del Estado de Zacatecas (PGJEZ), quien en días pasados afirmó que es poco probable que proceda la denuncia por encubrimiento en contra de Guillermo Huizar Carranza, secretario de la Función Pública.
La Comisionada petista recordó que la obligación de la PGJEZ es recabar los elementos probatorios para integrar de forma correcta y con el debido rigor científico y jurídico cada expediente para que los delincuentes no estén impunemente en la calle. “Es vergonzoso que Nahle García sea el defensor de oficio y exonere antes de un juicio a un funcionario de primer nivel y además infrinja un elemental principio legal: ser juez y parte”.
En días pasados, Nahle García afirmó ante los medios de comunicación “yo veo pocos elementos para poder presumir que Guillermo Huizar esté encubriendo a Agustín Jaime Ortiz (…) y todas esas irregularidades. Todas esas observaciones que detectó la Secretaría de la Función Pública las pidió Geovanna Bañuelos. Y Guillermo Huizar se las proporcionó atendiendo a los derechos que tienen los ciudadanos de estar informados”.
Han pasado un año y cuatro meses desde que la Secretaría de la Función Pública documentó serías irregularidades como la compra millonaria de un inmueble, nepotismo, abuso de autoridad, desfalco en carga de combustible, cobro de salarios de funcionarios fallecidos y/o desaparecidos, contratación indebida de agentes de tránsito, falsificación de documentos oficiales, entre otras ilícitos, y no se ha castigado a los responsables, particularmente a Agustín Jaime Ortiz Arellano, director de Transporte Tránsito y Vialidad (DTTyV).
Por otro lado, Geovanna Bañuelos corrige a Nahle García, “el procurador del Estado se equivoca al afirmar que Guillermo (Huizar Carranza) me entregó copia de la auditoría realizada a la Dirección de Transporte Tránsito y Vialidad (DTTyV). Todo lo contrario, el titular de la Función Pública nunca ha cooperado con mi persona y mucho menos con la ciudadanía. Basta recordar que cuando se hizo público el maiceo de los diputados integrantes de la anterior Legislatura o sobre el uso con fines personales de vehículo oficial por parte del subdirector de Enlace de Protección Civil y Bomberos de Zacatecas, Roberto Durán, nunca actuó, a pesar de ser temas públicos que debieron seguirse de oficio en la dependencia que encabeza Huizar Carranza. En lugar de tener a un funcionario que erradique la corrupción, sólo vemos a una persona bien pagada por parte del gobierno del estado para que encubra el lodazal y la putrefacción que hay en el gobierno alonsista”.
A decir del procurador del Estado, la denuncia en contra de Agustín Jaime Ortiz Arellano, Guillermo Huizar Carranza y quienes resulten responsables, por los delitos de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, falsificación de documentos, peculado y los que se lleguen a configurar por el posible daño y perjuicio en contra del Estado de Zacatecas, fue radicada en la Fiscalía Especializada para Delitos Cometidos por Servidores Públicos
El ejemplo más claro sobre la lentitud con la que actúa la PGJEZ es la denuncia penal por los delitos de enriquecimiento ilícito, evasión fiscal y tráfico de influencias en contra de Benjamín Medrano, alcalde con licencia del municipio de Fresnillo. La querella fue presentada por el PT hace siete meses y hasta la fecha no se le ha dado seguimiento alguno.
