Zacatecas, Zac.- Este lunes, la Comisionada Política Nacional del Partido del Trabajo, Geovanna Bañuelos de la Torre, presentó denuncia penal ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJEZ), en contra del comandante Agustín Jaime Ortiz Arellano, director de Transporte, Tránsito y Vialidad (DTTyV) y Guillermo Huizar Carranza, Secretario de la Función Pública (SFP) y en contra de quienes resulten responsables por los delitos de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, falsificación de documentos, peculado y los que se lleguen a configurar con la integración de la indagatoria por el posible daño y perjuicio en contra del Estado de Zacatecas.
La denuncia fue recibida por José Manuel Contreras, Sub Procurador de Derechos Humanos de Atención a Víctimas y América Lorena Hernández, coordinadora del módulo de Atención Temprana de la PGJEZ
Bañuelos de la Torre pidió a los funcionarios de la Procuraduría dar seguimiento puntual a la denuncia derivada de la auditoría practicada de enero de 2012 a octubre de 2013, donde se detectó la compra millonaria de un inmueble, nepotismo, abuso de autoridad, desfalco en carga de combustible, cobro de salarios de funcionarios fallecidos y/o desaparecidos, contratación indebida de agentes de tránsito, entre otras irregularidades.
Según las declaraciones del secretario de la Función Pública, Guillermo Huizar Carranza, y parafraseadas por la lideresa petista, el funcionario reconoce tener procedimientos de carácter penal en contra de algunos funcionarios de la administración de Amalia García, sin embargo, a 4 años del gobierno de Miguel Alonso Reyes, “no ha iniciado ningún procedimiento en contra de ningún funcionario público, ni siquiera administrativo, a pesar de que el PT ha interpuesto varias denuncias en contra de funcionarios como el ex secretario de gobierno, Francisco Escobedo; el secretario de Finanzas, Fernando Soto Acosta por el caso de “maiceo” a diputados, otra en contra de José María González Nava, por el desvío de recursos en proceso electorales”, entre otras.
Para Bañuelos de la Torre, son preocupantes las declaraciones de Huizar Carranza quien ha mencionado públicamente que la posible sanción en contra de Ortiz Arellano sólo sea la separación o inhabilitación de su cargo cuando “se presume posible enriquecimiento ilícito y peculado” por la compra de una residencia de más de seis millones de pesos en el municipio de Jalpa o el desvío de más de cinco millones de pesos por la carga de combustible duplicada en una misma fecha para el parque vehicular de Tránsito.
“Nos preocupa mucho que en esta administración, Guillermo Huizar, esté ciego y solamente observe lo que nosotros señalamos, lo que nos atrevimos a hacer público, la documentación de la auditoria”. También apeló a la seriedad del secretario de la Función Pública para que se actúe en contra de todos los funcionarios de esta administración estatal que han sido señalados por algún tipo de irregularidad debido al manejo indebido de los recursos públicos.
Al Procurador, Arturo Nahle García, le solicitó actuar en consecuencia ante la demanda en contra del director de Tránsito y Vialidad. “Lo único que exigimos es que estas denuncias sean atendidas”.
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