D.F, Mex.- El grupo de expertos del Comité de Naciones Unidas de Desapariciones Forzadas emitirá el próximo 13 de febrero observaciones sobre las audiencias de México en cuanto a la problemática.
Los 2 días que estuvo el Gobierno mexicano ante el Comité no reconoció el contexto de impunidad, violencia y abuso de poder en el que tienen lugar esos delitos y se regresó prometiendo que en junio tendría una Ley General sobre Desapariciones Forzadas.
Ante los expertos independientes de la ONU, tampoco pudo presentar información concreta sobre el número de personas registradas como víctimas de desaparición forzada, pues de acuerdo con el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Manuel Gómez Robledo, México no cuenta con un registro exclusivo de ese delito.
“Es algo que hay que corregir sin duda alguna”, apuntó.
Amnistía Internacional (AI) realizó un análisis sobre la sesión y señala que los expertos lograron en las audiencias de ayer y del lunes evidenciar las graves fallas cometidas por el Estado mexicano para dar respuesta a la crisis de desaparición forzada, tanto en el ámbito legislativo, como en la investigación y reparación del daño.
Daniel Joloy investigador de AI, aseguró que en cuanto al tema de atención a víctimas, el activista resaltó la incapacidad del Estado por demostrar que hay un trato adecuado y respetuoso para garantizar una reparación integral que vaya más allá de la compensación económica.
A algo similar llegó la abogada Ximena Suárez Enríquez, de la Open Society Justice Initiative, sobre la sesión de dos días.
«El Estado sigue sin reconocer el contexto en el que tienen lugar las desapariciones forzadas en México, quién desaparece y por qué, y ése sigue siendo uno de los grandes pendientes para resolver la problemática de fondo», dijo Suárez en entrevista con Reforma.
En la audiencia de ayer, los expertos cuestionaron sobre los procedimientos para la reparación de daños, informar a los familiares de la detención de una persona y procesar a militares involucrados en delitos.
Inder Bugarin señala en su nota que además cuestionaron el sistema de detención preventiva conocido como arraigo, los limitados resultados en la reparación de los daños de las víctimas de la llamada Guerra Sucia y qué se está haciendo con los restos de fosas que se descubren semana tras semana en Iguala.
