D.F, Mex.- La desaparición de los 43 normalistas es uno de los casos que más ha impactado e indignado en el tema de las desapariciones forzadas en México, y por lo que el país estará este 2 y 3 de febrero en el banquillo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Desde el 2006, el Gobierno mexicano no investiga, ni juzga a los responsables de desapariciones forzadas, generando con ello un fenómeno de impunidad que profundiza aún más el problema.
Así lo concluyeron diversos colectivos de derechos humanos e un informe que presentarán en el marco del octavo periodo de sesiones del Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés), organismo que analizará por primera vez los avances del país para cumplir sus obligaciones internacionales en esta materia.
Las audiencias serán en Ginebra, Suiza, y de acuerdo con La Jornada, Amnistía Internacional dará a conocer un documento en el cual advierte que en México la tipificación del delito de desaparición forzada no cumple con las normas internacionales, ya que desconoce las múltiples formas en que un servidor público puede estar involucrado en los hechos.
También señala que las detenciones arbitrarias, que por lo regular son el inicio de una desaparición forzada, se practican del manera persistente y muy extendida en México, formando parte habitual de la actuación policial y militar en la investigación de delitos graves.
Y las medidas que se han tomado hasta el momento para prevenirlas son insuficientes.
Fernando Camcho Servín destaca en su nota que en tanto, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos tiene un informe en el que indica que pese a las múltiples recomendaciones para que México limite la participación de los militares en labores de seguridad pública, el gobierno no ha realizado acciones para hacer que los soldados vuelvan a los cuarteles.
Y lamentó que aunque México firmó y ratificó los principales instrumentos en materia de desaparición forzada, aún no admite la facultad del CED para recibir quejas individuales, como está establecido en el artículo 31 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
La Jornada también da voz al Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, organización que destaca en su informe los hechos violentos del 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero, donde tres normalistas de Ayotzinapa fueron asesinados y 43 más desaparecidos.
En este caso, destacó el papel diversos servidores públicos en dicho crimen, así como la «falta de capacidad del Estado» para esclarecer el delito y encontrar a las víctimas con vida.