Nueva York, EU.- México comparece el lunes en su primera cita ante el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas con un sombrío telón de fondo por la desaparición y posible masacre de 43 estudiantes en Iguala, una audiencia a la que también acudirán familiares de las víctimas.
Signatario de la convención contra la desaparición forzada de Naciones Unidas, que entró en vigor en 2010, México comparecerá, por primera vez, ante el Comité contra las Desapariciones Forzadas el 2 y 3 de febrero en Ginebra.
La desaparición de 43 estudiantes de la escuela para maestros rurales de Ayotzinapa, Guerrero, el 26 de septiembre a manos de policías municipales coludidos con sicarios de un cártel narcotraficante en Iguala ha concentrado la atención de esta audiencia, que estaba prevista antes de que los jóvenes fueran atacados.
Los padres de los estudiantes, que insisten en que 42 de ellos están vivos, han denunciado que la fiscalía quiere cerrar ya el caso y anunciaron que enviarán una comisión a Ginebra para entrevistarse por separado con los integrantes del comité.
«Vamos a Ginebra preparados a contestar todas las preguntas que se nos hagan», dijo Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la cancillería mexicana, en un encuentro con un grupo de medios celebrado el viernes, antes de partir hacia Europa.
«Frente a las aseveraciones de que la investigación está cerrada habremos de decir que la investigación no está cerrada. Frente a las aseveraciones de que las autoridades ya los declararon muertos habremos de decir una y otra vez que hoy la verdad jurídica es que siguen desaparecidos y que sólo el juez habrá de decidir», subrayó.
Contexto delicado y difícil
Los padres de los estudiantes y sus abogados expresaron su decisión de acudir a Ginebra luego de que la fiscalía federal sostuvo por primera vez esta semana que, con base en las investigaciones, cuenta con la «certeza legal» de que los jóvenes fueron asesinados e incinerados en un aislado basurero de Cocula, municipio vecino de Iguala, y sus restos arrojados a un río.
Esta conclusión, dijo la fiscalía, se basa en las declaraciones de más de una treintena de los 99 detenidos por el caso -entre narcos, policías y funcionarios- y en numerosas pruebas periciales, entre las que se cuenta la identificación de los restos de uno se los estudiantes desaparecidos a través de pruebas de ADN realizadas por un prestigiado laboratorio austríaco.
Las autoridades de México «dan protección a los autores intelectuales del crimen, omitiendo declaraciones de sobrevivientes y testigos», dijo a la AFP Felipe de la Cruz, vocero de los padres.
Acompañados de una abogada, dos de los padres buscarán en Ginebra «que no se cierre el caso, porque es un crimen de Estado y el gobierno de México pretende darle carpetazo (cierre) sin presentar las pruebas necesarias», añadió.
Gómez Robledo, quien preside la comitiva oficial mexicana, reconoció que el contexto de esta comparecencia es «sumamente delicado y difícil».
El viaje a Ginebra se da en medio de fuertes cuestionamientos a las conclusiones de las investigaciones de organizaciones de derechos humanos como Human Rigths Watch (HRW) o Amnistía Internacional, que pide que se abra una línea de investigación sobre los señalamientos de omisión de auxilio o participación del ejército en el crimen, algo negado tajantemente por la fiscalía.
Al margen del caso de Iguala, estas ONG tienen reportados otros casos de desapariciones forzadas por parte de policías y militares y el jueves HRW habló, incluso, de una «epidemia» de graves abusos por parte de militares y policías mexicanos.
El estremecedor crimen de los estudiantes generó una ola de indignación sin precedentes en México y reclamos de gobiernos de otros países, incluido Estados Unidos y la propia ONU al Ejecutivo de Enrique Peña Nieto.
