D.F, Mex.- Amnistía Internacional acusó que la Procuraduría General de la República (PGR) ha fallado en investigar adecuadamente las denuncias de complicidad de las fuerzas armadas y otras autoridades en la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa.
Tras reunirse con los padres, Erika Guevara Rosas, Directora Regional para las Américas de Amnistía Internacional aseguró tener una lista de preocupaciones sobre la forma en que la investigación se ha ejecutado.
“En medio de las preocupaciones sobre la posible complicidad de las autoridades locales y del ejército, es aún más importante que cada línea de investigación se explore a fondo y que no se deja piedra sin remover”, dijo.
Este llamado se da días después de que los científicos forenses austríacos anunciaran que habían sido incapaces de identificar el ADN de los restos quemados encontrados en una fosa común. Otras pruebas sobre las muestras podrían tardar meses en ser analizadas.
De acuerdo con los resultados del Instituto de Medicina Forense de la Universidad de Innsbruck, no se encontró cantidad útil de ADN que permitiera obtener un perfil genético bajo esta técnica.
La institución informó sobre la posibilidad de utilizar una tecnología novedosa llamada Secuenciación Masivamente Paralela (MPS por sus siglas en inglés) que podría servir como una herramienta útil para seguir investigando estos restos.
Sin embargo, el Instituto de Forense de Innsbruck indicó que hay “oportunidades y riesgos” de aplicar esta técnica en los restos hallados en el basurero de Cocula. “El principal riesgo es que los extractos de ADN sean consumidos sin obtener ningún resultado adicional de ADN que ayudaría en el proceso de identificación”, precisó.
Los alumnos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” desaparecieron el 26 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, después de ser atacados a tiros por policías municipales. En este episodio hubo además seis muertos y 25 heridos.
Según la PGR, los agentes entregaron los estudiantes a miembros del cártel del narcotráfico Guerreros Unidos que los asesinaron y calcinaron sus cuerpos. De los 43 desaparecidos tan sólo se han podido identificar los restos de uno.
La organización aseguró que hasta ahora reciben informes de violaciones de derechos humanos cometidas por la policía y las fuerzas de seguridad incluidas detenciones arbitrarias, tortura y desapariciones forzadas.
“La desaparición de los estudiantes es un crimen que ha conmocionado al mundo. Esta tragedia ha cambiado la percepción distorsionada de que la situación de los derechos humanos ha mejorado en México desde que el presidente Peña Nieto tomó el poder. Hay miles de casos que apenas han sido investigados en México y que ya no pueden ser ignorados “, dijo Erika Guevara
“Aún queda mucho por hacer para investigar los numerosos casos en los que hay indicios de colusión por parte de las autoridades y fuerzas de seguridad en violaciones de los derechos humanos, por ejemplo la ejecución masiva de civiles en Tlatlaya y las masacres de personas migrantes. Trágicamente, la impunidad por estos terribles crímenes sigue siendo la norma. Instituciones federales y estatales no están cumpliendo con sus obligaciones de derechos humanos, enviando el mensaje de que estos abusos están permitidos “, concluyó.
El día de ayer, cientos de estudiantes y maestros de Guerrero así como padres de los normalistas desaparecidos en Iguala hace casi cuatro meses, marcharon en el municipio de Tecoanapa, perteneciente a la región de la Costa Chica, para exigir que los restos del joven Alexander Mora Venancio, el único de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa identificado por la PGR, sean entregados a su familia.
Ezequiel Mora dijo que le da un plazo de cinco días al Procurador Jesús Murillo Karam para que entregue los restos de su hijo o de lo contrario, dijo, no reconocerá los resultados de los peritos forenses, y continuará con la lucha por la presentación con vida del normalista y sus 42 compañeros.
El padre de Alexander comentó a la prensa que las autoridades le habían asegurado que se lo entregarían desde el pasado mes de diciembre. Sin embargo, esto no ha sucedido. Los manifestantes reclamaron que cada día que pasa confían menos en las versiones de la PGR, en el sentido de que los 43 estudiantes de Ayotzinapa pudieron ser calcinados.
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