Por Andrés Vera – PM
En voz de la diputada María Elena Nava, se presentó la Iniciativa de Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, remitida por el titular del Ejecutivo, Miguel Alonso Reyes, la cual según ésta figura, plantea una reforma integral, basada en las condiciones demográficas y financieras actuales, que permita al ISSSTEZAC contar con capacidad financiera para otorgar las prestaciones actualmente contempladas en la Ley de 1986, y otorgar nuevas, tales como las pensiones por vejez, por jubilación anticipada y nuevas modalidades de préstamos.
La discusión en el pleno de la LXI Legislatura tuvo dos aristas particulares; por una parte la «defensa» de los intereses de los 21 mil trabajadores de dicho instituto, y el otro lado, el costo político que tendría en la figura propia del gobernador, es decir, votos factibles para las elecciones del próximo año.
Antes de que iniciara la sesión del 18, el diputado José Luis Figueroa Rangel, acompañado por los representantes de la sección 58 del SNTE y del Sindicato Independiente del Estado de Zacatecas, señaló que la reforma, lo único que pretende es aumentar los años de servicio a treinta como lo indica el artículo 58 de la nueva Ley, además de incrementar las cuotas salariales al 12 por ciento, incluso obligar a los propios pensionados a pagarlas en el mismo porcentaje – actualmente la cuota es del 6 por ciento del salario-. Por otro lado, quiere la reforma, justificar el mal manejo de la institución para declarar la insuficiencia de recursos y exhimir la responsabilidad de los funcionarios. Actualmente, el instituto presenta un déficit en sus arcas derivado del mal manejo financiero.
De acuerdo con una solicitud de transparencia que realizara Alejandro Rivera Nieto, uno de los principales defensores de los trabajadores del estado, con folio 00154414, se observa que el ISSSTEZAC tuvo ingresos por Servicios funerarios por 3 millones 721 mil 430 pesos, pero los egresos ascendieron a 3 millones 842 mil 233 pesos, entre enero y junio de 2014.
Mientras que los centros recreativos 3 millones 793 mil pesos, pero hubo egresos por 6 millones 269 mil pesos, una diferencia de más de 3 millones de pesos, para el mismo periodo.
La propuesta de la reforma señala que la Iniciativa de Ley tiene por objeto garantizar a los servidores públicos, el disfrute de los beneficios de la seguridad social, una vez que su vida laboral les haya otorgado tales derechos. Por lo cual, plantea fortalecer financieramente al Instituto, así como establecer reglas en la administración de las cuotas y aportaciones que integran su reserva financiera.
Sin embargo, en realidad, el problema financiero pretende ser paliado con un incremento del 6 a 12 por ciento la cuota del salario mínimo, que se destina para el Fondo de Pensiones del ISSSTEZAC. Además, quieren aumentar los años de servicio para pensionarse. «Esta reforma está concentrada con algunos grupos de gobierno del estado, que los mismos directivos se han encargado de difundir, pero sin dejar participar a la gente para que diga si la avalamos o no”, afirmó Rivera Nieto. Cuestión demás explícita dado que durante todo el año, se han realizado foros por parte de los trabajadores para presentar contrareformas sin que se les tomara en cuenta.
En este sentido, la Ley Federal del Trabajo puede hacer una disminución a los salarios sólo si hay deudas contraídas ante la entidad pública o por un mandato judicial, como en el caso de las pensiones alimenticias.
En dado caso de que la viabilidad financiera del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas) estuviera en juego, le corresponde por ley al gobierno del Estado rescatarlo y no aumentando las cuotas como se pretende hacerlo. En la actual ley del IISSSTEZAC, el artículo 109, señala que cuando haya problemas financieros al interior de la institución, el gobierno será el que tendrá gestionar el recurso para que no se vaya a la quiebra, pero los actuales funcionarios -Víctor Rentería López- busca que los trabajadores sean con su sueldo, quienes rescaten financieramente al ISSSTEZAC sin que haya responsabilidad por los malos manejos como el mayor número de egresos que de ingresos.
El fondo de pensiones tendría un aseguramiento pretendido hasta el 2026, sin embargo, ese fondo está en inminente riesgo por lo que la propuesta del ejecutivo es, como lo señala en su artículo 14, «…ante la insuficiencia de recursos no se harán responsables de sostener las pensiones ni pensionar». Es decir, desean los funcionarios estatales, que se legalice la corrupción y el mal manejo financiero, que sea el Congreso del Estado quien apruebe en consecuencia, que los recursos de los trabajadores puedan ser despilfarrados sin que haya consecuencias legales.
Además, la corrupción en el organismo ha sido evidenciada por Marcelino Rodarte, miembro de la sección 58 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, quien ha señalado que directivos ganan más incluso, que algunos asesores del propio gobernador.
Sin duda, el instituto que fue creado en 1986 ha funcionado como caja chica pero la crisis que ha crecido desde años anteriores, quiere ser simplemente tapada al más puro estilo de los gobiernos priistas, con la aportación de los trabajadores, un mini FOBAPROA.
El verdadero problema, la defensa de los intereses laborales y la corrupción al interior, fue desviada en el pleno de la Legislatura con un juego «democrático» para la defensa del patrimonio de los empleados y por otro lado, el costo político de afectar las finanzas de éstos de cara a las elecciones del próximo año.
Diputados del bloque opositor como Soledad Luévano Cantú, sugeridamente llamó a la reflexión al exponer en tribuna «¿cuánto cuesto el voto de un diputado?» si es que se aprobase la Ley antipopular. Esta sencilla pregunta al más puro estilo de la otrora directora del ISSSTEZAC derivó un acalorado «diálogo» de insinuaciones en la que destacó, en la figura de Héctor Pastor, diputado priista, un posicionamiento a ultranza para defender la propuesta de su gobernador aunque su propio coordinador parlamentario, Pepe Haro, señalara minutos antes que la «Ley no pasará» puesto que debe ser analizada de fondo.
La declaración de Haro se vio precedida cuando legisladores priistas escucharon con asombro, «el consejo» que les diera uno de los destacados disidentes de la Legislatura, José Luis Figueroa Rangel quien los exhortó a que «abrieran los ojos y pensaran en el costo político (electoral) para Miguel Alonso». Buen consejo, con astucia. La reforma prácticamente sería aprobada en esa sesión, pero los priistas reflexionaron ipso facto y de forma curiosa. En el momento álgido del despertar, el propio José Olvera, dirigente del PRI, entró al pleno para supervisar la postura de su bancada y obviamente «aconsejar», que por lo menos, la aprobación de la Ley se retrasara aunque sea hasta la próxima sesión. 21 mil votos para las próximas elecciones serían de mucha ayuda -dado que el tricolor está desgastado por los innumerables escándalos de corrupción a nivel nacional y local- y más allá, el efecto dominó que caería en la conciencia de los miles de trabajadores más en diferentes organizaciones. ¿Qué conviene más ante la llegada inminente del proceso electoral federal?, ¿la tapadera legislativa de la corrupción impresionante en el ISSSTEZAC ó minimizar un posible riesgo de fracaso electoral para el próximo año?. De todas formas, el colchón financiero para la compra de votos ya está cimentado, pero, ¿500 ó 1000 pesos por voto serán suficientes contra el descontento generalizado de miles de trabajadores?. Sí, hay que analizarlo. Postura de Pepe Haro, María Elena Nava y Claudia Anaya, de los más nobles defensores alonsistas.
La reforma pasará por órdenes de Alonso, aquí solamente la pregunta es cuándo. Lo más sensato para el PRI sería después de las elecciones, pero igual es el PRI, la desfachatez saben siempre enmascararla con humo, con dinero y muchas veces, ni la enmascaran, el cinismo ya es sello de la casa. Legalizar la corrupción y la irresponsabilidad de los malos manejos financieros se da año con año, con la aprobación por parte de los diputados de empréstitos.
