Zacatecas, Zac.- En voz de la diputada María Elena Nava, se presentó la Iniciativa de Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, remitida por el titular del Ejecutivo, Miguel Alonso Reyes, la cual según el Ejecutivo del estado, plantea una reforma integral, basada en las condiciones demográficas y financieras actuales, que permita al ISSSTEZAC contar con capacidad financiera para otorgar las prestaciones actualmente contempladas en la Ley de 1986, y otorgar nuevas, tales como las pensiones por vejez, por jubilación anticipada y nuevas modalidades de préstamos.
Asimismo, esta iniciativa, busca regular situaciones que, pese a presentarse en la realidad, no cuentan con una regulación jurídica que permita actuar en consecuencia. Así, la iniciativa regula el otorgamiento de las prestaciones que les corresponden a los familiares del trabajador derechohabiente, – como la pensión por viudez y orfandad -, en caso de que éste fallezca durante una licencia sin goce de sueldo, durante el periodo de incapacidad médica o bien, éste sea declarado como víctima de desaparición. Todas ellas, situaciones que actualmente se encuentran desprotegidas, al no estar previstas y reguladas por la normatividad correspondiente.
Expone el promovente, que la Iniciativa de Ley tiene por objeto garantizar a los servidores públicos, el disfrute de los beneficios de la seguridad social, una vez que su vida laboral les haya otorgado tales derechos. Por lo cual, plantea fortalecer financieramente al Instituto, así como establecer reglas en la administración de las cuotas y aportaciones que integran su reserva financiera.
Además, establece la obligación de contar anualmente con estudios actuariales, que permitan conocer la solvencia y la viabilidad financiera del Instituto, a fin de garantizar que se tomen medidas preventivas en tiempo y forma, en caso de detectar déficits que pongan en peligro el otorgamiento de dichas prestaciones.
En adición, se contempla que la Legislatura del Estado pueda analizar y, en su caso, hacer las reformas pertinentes a los esquemas establecidos en la Ley. De igual manera, esta iniciativa fija la competencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo para conocer de las controversias entre el Instituto y sus derechohabientes, ya que este es el criterio emanado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual determina que estos litigios son de naturaleza administrativa y no de índole laboral.
