Por Ramón Vera Salvo – PM
La descomposición política del país ha sufrido una muy rápida aceleración desde que asumió la presidencia Enrique Peña Nieto. A pesar de que parecía que el PRI de siempre había logrado controlar la situación y sortear las prácticas fraudulentas con las que ganó la elección, con el aval fast track que le dio el Tribunal Electoral, la situación ha empeorado violentamente en el último año y más violentamente en los últimos meses.
Todo parecía que iba caminando en el rumbo definido por el gobierno: el Pacto por México (genial ocurrencia de Salinas) había logrado, maniatar a la oposición y sacado adelante reformas que de otro modo no hubieran prosperado. Sólo la Reforma Energética concitó la oposición de la llamada “izquierda”, pero con el aval del PAN se aprobó.
Peña Nieto se encontraba casi en la cumbre: el Times (aunque haya sido comprado) sacó portada del presidente con el título de “Salvando a México”.
Las cosas marchaban muy bien para el gobierno y Peña Ñieto. En Michoacán habían logrado controlar de cierto modo la situación y parecía que se empezaba a “normalizar” el escenario. Sólo falta capturar a la Tuta para que el gobierno declarara el total triunfo en ese estado. Todos sabemos que, si bien es cierto se ha golpeado al crimen organizado en esa entidad, lo que sabemos también es que erradicar la profundidad de las raíces del crimen organizado en Michoacán le llevará muchos años más. Y en un descuido vuelven por sus fueros. El tema no es sólo la aprehensión de los cabecillas (siempre irán surgiendo otras), sino la reconstrucción del tejido social, cuestión nada fácil.
Lo que sucedía en Michoacán empezaba a desnudar lo que todos sabíamos: la trama de complicidades entre autoridades, políticos y funcionarios con el crimen organizado. En el negocio estaban todos. Y digo todos porque había y hay políticos de todos los partidos (por lo menos hasta lo que se ha sabido de los tres grandes: PRI, PAN y PRD. De los otros no se ha sabido mucho, pero también deben tener sus negocitos, funcionarios (de gobiernos de todos los partidos) y aparato policial de todos los niveles (federal, estatal y municipal).
Pero lo que ocurrió en Iguala, Guerrero, terminó por dejar totalmente al descubierto el nivel y la profundidad de la corrupción y la impunidad en el país.
Desde la postulación de candidatos, hasta el hacerse de la vista gorda de las prácticas que los funcionarios ya electos en cargos de representación popular o de gobierno (los ejemplos de Ángel Aguirre y José Luis Abarca son sólo una pequeña muestra), han sido una norma corrupta instalada en la cotidianidad política del país.
La corrupción, signo que ha distinguido a nuestro país desde hace muchos años, se transformó en la normalidad del quehacer político: la compra de votos por distintas maneras, la compra de legisladores para aprobar leyes, los negocios hechos al amparo del poder, las comisiones cobradas por otorgar contratos y un largo etcétera se hicieron comunes y sin que nadie dijera nada al respecto.
Pero lo más grave, a lo de por sí grave que es la corrupción, es la impunidad. Digo que es todavía más grave porque es la impunidad lo que empuja la corrupción y la hace posible. La impunidad atraviesa todos los niveles y es cobijada por el poder judicial. Y ahí se completa el círculo.
Todo esto ha sido posible porque existe complicidad de los partidos políticos, de sus dirigentes que protegen a funcionarios corruptos, de las autoridades federales que también reciben beneficios y de una total falta de ética y honestidad política en los partidos y en el gobierno.
Las medidas anunciadas por Peña Nieto, además de vagas (falta claridad y precisión en qué van a consistir), no apunta a resolver el problema. Como siempre, son barnizadas y maquilladas para taparle el ojo al macho, como se dice popularmente.
La renuncia de Cárdenas al PRD, refleja la profundidad de la crisis que vive ese partido, pero sobre todo refleja la total falta de sensibilidad y de visión política de sus dirigentes que cierran los ojos ante la realidad y privilegian sus propios intereses.
La gran movilización social que existe en el país es muestra del hartazgo de la sociedad y ante ello los políticos de siempre y los partidos de siempre no han sabido qué hacer. Están pasmados y atrincherados en sus reductos e intereses.
Estamos asistiendo a una gran descomposición política que no sabemos hacia dónde conducirá. Si los partidos y el gobierno no realizan una autocrítica profunda y son capaces de dejar sus trincheras para dar paso a otros liderazgos. La situación se puede descontrolar con consecuencias imprevisibles.
