Por Ramón Vera Salvo – PM
En el año de 1879, hubo una guerra entre una confederación compuesta por Bolivia y Perú contra Chile. Después de cuatro años de una feroz y muy desgastante guerra, Chile obtuvo una victoria militar, que finalmente concluyó en la redefinición de los límites entre los tres países.
Perú y Bolivia perdieron territorios. El más perjudicado fue Bolivia quien perdió su acceso al mar. Desde entonces ha existido una relación tensa entre Chile y Perú (que se ha suavizado y mejorado en los últimos años) y entre Chile y Bolivia. Con este país han sido muy tensas (las relaciones diplomáticas están rotas desde hace años) y Bolivia no ha cesado en su demanda de que Chile le otorgue acceso al mar con soberanía. En el año 2013, Bolivia ha demandó al gobierno de Chile ante el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya. El contenido central de la demanda es que se obligue a Chile a negociar una salida al mar con soberanía.
El tema es muy complejo y complicado. Por una parte, tiene razón Bolivia en luchar por un acceso al mar porque eso mejora su posición económica (si es que esa es la razón verdadera, porque también existe la sospecha de que solamente es una cuestión casi de reivindicación del honor perdido en la guerra).
Chile le ha concedido a Bolivia acceso a los puertos que se encuentran en el norte del país, con ventajas aduaneras que ni siquiera las empresas chilenas tienen. Incluso construyó un ferrocarril que va de Arica a La Paz para facilitar el transporte de las mercancías. Este ferrocarril fue parte de las negociaciones del tratado de paz y amistad que se firmó en 1904 en ejecución del Pacto de tregua firmado el 4 de abril de 1884.
En un resumen muy apretado esta es la situación actual. Las razones que llevaron a la guerra y su desenlace no son motivo de esta colaboración, ya que su intención es presentar una propuesta de solución al tema.
Una primera cuestión que es preciso dejar muy en claro y que las autoridades bolivianas deberían aceptar para poder establecer otras condiciones de negociación, es que Chile jamás estará dispuesto a ceder territorio. Bolivia podrá argumentar las razones históricas, morales, de justicia que quiera. Y pueden ser todas razonables e incluso podemos estar de acuerdo con ellas. El problema es que el tratado de paz firmado en 1904 y que determinó los límites entre ambos países es de plena vigencia y de derecho, por lo que es absolutamente imposible que Chile acepte ceder territorio, si no es por un acto voluntario.
Los actuales límites, son el resultado y desenlace de una guerra a la que podemos agregar el adjetivo calificativo que se quiera, y descalificar las razones que le dieron lugar, pero ello no cambia lo que sucedió. La conformación de los límites entre los países normalmente se dio como resultado de guerras. Las razones de ellas y si fueron de rapiña, de conquista o de lo que sea, no cambia los resultados. Así quedaron los límites y si no es por otra guerra que los vuelva a modificar (ha continuado sucediendo: Israel, por ejemplo) o por decisiones voluntarias de los países involucrados, así se quedarán.
Legalmente, Bolivia está imposibilitada de lograr algo. Por eso cambian su estrategia y deciden demandar que se obligue a Chile a negociar una salida al mar. Donde el asunto se complica y se hace inviable para Bolivia es que quieren que sea con soberanía. Eso quiere decir que Chile tendría que cederles territorio. Si bien es cierto que en la demanda no se objeta el tratado de 1904, ni se solicita que se revise (en esto han insistido mucho las autoridades bolivianas, particularmente Evo Morales), lo cierto es que la consecuencia de lo que piden (si la Corte Internacional de La Haya falla en favor de Bolivia) es que se modifiquen los límites territoriales, y, por tanto, el tratado de 1904. Cómo espera Bolivia que eso vaya a suceder.
Es por ello que Chile ha interpuesto una objeción preliminar a la demanda, señalando que la Corte no tiene facultades para fallar sobre un asunto que implica modificaciones territoriales y un tratado de plena vigencia, firmado en 1904. La corte sólo puede decidir y fallar sobre asuntos limítrofes de controversias que hayan surgido de 1947 a la fecha.
Por lo demás, los ciudadanos chilenos no están dispuestos a que se ceda territorios, ni que se parta el país (cualquier cesión de territorios significa partir el país). Si hay algo que unifica a los chilenos es la soberanía territorial. Por eso no habrá gobierno alguno (sea del signo político que sea) que esté dispuesto a ceder soberanía.
El tema como se ve es, pues, muy complejo y de muy difícil solución (diría más bien imposible), desde el planteamiento Boliviano.
Sigo pensando en si el reclamo de Bolivia tiene solamente un sentido económico y de desarrollo o algo más: reivindicación patriótica, sentimental, de orgullo, necesidad política.
Si es por estas últimas razones no habrá solución posible. No habrá quien convenza a Chile de ceder territorio, ni nadie que lo obligue. No sabemos, además, cuánto territorio quisiera Bolivia.
Si el punto es la cuestión del aislamiento comercial y su impacto en la economía boliviana, consecuentemente, en su desarrollo y la mejoría en las condiciones de vida de la población, podrían explorarse alternativas.
Me atrevo a proponer una.
- Buscar, dentro de la costa chilena, entre Arica e Iquique, una zona en la que pudiera construirse un puerto de altura.
- Definir un corredor de 20 kilómetros de ancho en algún lugar que no atraviese por ciudad, ranchería o asentamiento de población chilena.
- Conceder a Bolivia derechos de usufructo de dicho corredor y la respectiva franja costera, sin derecho a usufructuar mar territorial. Solamente la operación del puerto.
- La soberanía y propiedad del corredor y su franja costera siguen siendo territorio soberano de Chile. Por tanto, en ese corredor y la costa correspondiente rigen las leyes chilenas.
- Cualquier intento de hacer valer leyes bolivianas en el corredor y franja costera dejaría inválido el acuerdo de usufructo.
- El tránsito por dicho corredor sería de absoluta libertad para las mercancías bolivianas o de procedencia extranjera que circulen por dicho corredor.
- Si las autoridades chilenas se percatan de que en el corredor están transitando drogas u otro tipo de sustancias prohibidas con el consentimiento de las autoridades bolivianas, se declararía también inválido el acuerdo de usufructo.
- En este sentido, la vigilancia estaría en manos de las autoridades bolivianas, pero las chilenas podrían, con los debidos antecedentes y en acuerdo con las autoridades bolivianas actuar en medida de prevención o de actuación policial.
- Bolivia debería buscar los financiamientos para la construcción de las carreteras y ferrocarril que conecten los puntos que Bolivia defina con la franja costera. Del mismo modo el financiamiento para la construcción del puerto.
- En ningún caso, las autoridades bolivianas podrían limitar el acceso y tránsito de ciudadanos chilenos y de transportes que atraviesen el corredor. Por ello, no podrán establecer aduana en el mismo.
Un acuerdo de usufructo de esta naturaleza es bastante complejo y lo que señalé son solamente las ideas base. Lo que más quiero destacar es que el establecimiento de un corredor y su respectiva franja costera cedido en usufructo a Bolivia, con las condiciones señaladas, puede ser una solución
