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Andrés Vera – PM
Zacatecas, Zac.- Alrededor de 80 ex policías despedidos la semana pasada, de corporaciones como la Ministeria, Estatales, Metropol, del municipio de Calera y la capital, marcharon por el centro histórico para exigir se limpie la imagen dañada hacia ellos por el secretario de seguridad pública, Jesús Pinto Ortiz y por «prensa vendida» como expresaron, puesto que se les ha etiquetado como miembros de la delincuencia organizada.
Acompañados algunos por sus familias, los ex uniformados se dirigieron al Congreso del estado para solicitar audiencia con diputados. Los recibió fue José Luis Figueroa Rangel, quien les ofreció instalar una mesa de diálogo con los presidentes de las fracciones parlamentarias para revisar la situación.
Cuahutemoc Calderón, del Partido Verde y como presidente de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política permitió el uso de la voz a varios de los inconformes quienes expresaron su preocupación de las declaraciones de Pinto Ortiz, puesto que han tratado de emplearse en varias empresas pero la respuesta es una negativa por considerarlos de nula confianza, además que por el hecho de haber sido despedidos de su trabajo, aunque varios de ellos tenían más de 20 años de servicio, las autoridades no han querido extenderles una carta recomendación.
La exigencia de que las corporaciones policiacas y el gobierno del estado limpien una reputación manchada por malos procesos administrativos derivados de la aplicación de pruebas de confianza que a su juicio, no tienen validez por la forma en que fueron aplicadas, aunados a aseveraciones oficiales de que son delincuentes fue lo más solicitado ante los diputados.
Además, pidieron varios de ellos que la liquidación que les ofrecen, sean basado como una compensación justa más allá de lo que pudiera marcar la propia ley, puesto que su trabajo es considerado de alto riesgo.
Calderón, propuso que en la próxima sesión del pleno se presente un punto de acuerdo para exhortar al gobierno estatal se revisen programas de capacitación, se les liquide de forma justa, además de que se cree, por medio del Servicio Estatal del Empleo, becas para amortiguar el déficit financiero que vivirán ahora las familias de los ex policías.
