Andrés Vera – PM
Zacatecas, Zac.- Con el objeto de sancionar a personas de despachos jurídicos, contables o cualquier otro representante de bancos, tiendas departamentales o cualquier otra institución que mediante amenazas pretendan cobrar a los deudores morosos, el diputado petista, José Luis Figueroa Rangel presentó ante el Congreso del estado, una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona el Artículo 257 Bis al Código Penal del Estado de Zacatecas
Al aprobar esta modificación al Código Penal del Estado de Zacatecas pondrá a a la entidad en la ruta, no sólo de los estados en donde la representación popular ha impuesto un límite a los abusivos acreedores, sino además, en concordancia con las reformas constitucionales federales en materia de Derechos Humanos y los Convenios Internacionales vigentes.
La iniciativa pretende sancionar con prisión de seis meses a dos años y una multa de ciento cincuenta a trescientos días de salario mínimo, además de las sanciones que correspondan al que con la intención de requerir el pago de un crédito, ya sea propia del deudor o de quien funja como aval, utilice actos de hostigamiento, acoso e intimidación.
En los últimos dos años, las quejas más comunes de los deudores ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), se deben a las prácticas que rayan en el acoso como: cartas amenazantes por parte de despachos jurídicos con advertencias de embargo, correos electrónicos intimidatorios, mensajes de texto a teléfonos celulares con lenguaje casi violento, así como amenazas de encarcelamiento son sólo algunas de las tácticas que usan.
Por dicha razón, en diversas entidades de la República, se llevan a cabo reformas a su Código Penal para crear un delito específico y castigar el acoso tanto de las empresas crediticias como de los despachos jurídicos de cobranza, puesto que los comercios y supuestos abogados, realizan llamadas telefónicas a cualquier hora del día, sobre todo en la madrugada como medida de presión, además de los otros recursos señalados.
Además. en las actuaciones de cobranza extrajudicial efectuadas por particulares, los sujetos emplean medios de coacción que están fuera de la ley, que pueden ocasionar problemas de salud y quebranto moral de muchas familias, aseguró el diputado.
Por lo tanto, el objetivo de la iniciativa, es sancionar a personas, despachos jurídicos o contables que representan bancos, tiendas departamentales o cualquier otra institución que otorgue crédito y que mediante amenazas o acoso pretendan cobrar el adeudo que tiene el beneficiario del mismo.
