Zacatecas, Zac.- En sólo una semana, los niveles de violencia aumentaron de forma considerable en el estado. En los últimos días se han registrado por lo menos 11 hechos violentos de los cuales, siete se registraron en el municipio de Fresnillo. Al respecto, la comisionada del Partido del Trabajo, Geovanna Bañuelos de la Torre llamó al gobierno estatal a delegar la seguridad de Zacatecas al gobierno federal puesto que ha demostrado incapacidad para contener la inseguridad, principalmente en los municipios de Fresnillo, Guadalupe, Villa de Cos y Valparaíso.
Pese a que la mayoría de estos hechos, entre homicidios y secuestros, se suscitaron en Fresnillo, Geovanna Bañuelos calificó de “lamentables, lerdas y majaderas” las declaraciones del alcalde, Benjamín Medrano Quezada al atribuir los niveles de delincuencia a los altos índices de población. Recomendó al presidente que “mejor decline y se dedique a cantar y a organizar ferias y eventos sociales” ya que este tipo de declaraciones hacen un gran daño a la ciudadanía.
Por esta razón, el Partido del Trabajo exhorta al gobierno estatal a que sea el Ejército quien se responsabilice de la seguridad en las zonas con altos índices delictivos ya que este, durante estos cuatro años, gobierno ha aniquilado la tranquilidad de los zacatecanos pese a los gastos millonarios en seguridad, pero sin resultados efectivos.
“El crimen asola la tranquilidad de las familias, inhibe la inversión, secuestra a las instituciones, expande la corrupción, atenta contra el porvenir, desplaza al estado, recluta a la juventud, genera desconfianza, fomenta la impunidad en todos los ámbitos sociales y gubernamentales. El crimen nos está gobernando. Es tiempo de extirpar este cáncer social”.
Así mismo, es necesario se dé a conocer públicamente la trayectoria y los currículos de los nuevos titulares regionales del Mando Único Policial, con la finalidad de que la ciudadanía evalúe los perfiles y además, se aplique el examen de control y confianza a los nuevos comandantes regionales y municipales.
El PT demanda la generación de fuentes de empleo para los mil elementos de seguridad que serán despedidos en todo el estado de los cuales, el 80% son municipales, “al liquidarlos, se crea un círculo vicioso. Se fomenta el desempleo, y posiblemente pueden ser reclutados por la delincuencia organizada”.
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