Andrés Vera – PM
Zacatecas, Zac.- Los diputados del bloque opositor dieron su postura como lo han hecho en oportunidades anteriores respecto a las glosas del IV Informe de Gobierno. En esta ocasión tocó el turno que los secretarios del Agua y Medio Amiente (SAMA), cuya titular es Fabiola Rivera Salinas; la directora del Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación (COZCYT), Gema Mercado Sánchez y el secretario de Infraestructura (SINFRA), Mario Rodríguez Márquez, hicieran su «informe».
En razón de lo anterior, el diputado perredista Iván de Santiago resaltó que en específico, en cuanto a la obra pública, esta no puede aglomerarse ni improvisarse, pues va asociado a las necesidades de servicio de la población y esta política no se ha vista plasmada en el actual gobierno, puesto que la infraestructura que ha realizado la administración alonsista se ha dado en un contexto coyuntural, despilfarrando recursos que en nada han servido directamente a la población como el gasoducto que sólo beneficiará a dos empresas, las glorietas en cada cabecera municipal c0mo ícono de los festejos del Centenario de la Toma de Zacatecas, cuya construcción a medias y de forma improvisada con costos inflados no tienen ninguna funcionalidad.
Además, en compañía de los legisladores, Soledad Luévano Cantú, Guadalupe Medina Padilla, Mario Cervantes y Jose Luis Figueroa Rangel, exigieron que se presente por parte de SINFRA, un plan de reordenamiento urbano y territorial en todo el estado para que se minimice la disparidad entre poblaciones.
Este desorden se debe, dijeron, por los perfiles a modo de los titulares de Infraestructura y Medio Ambiente, quienes están relacionados con prósperas empresas de la construcción.
De tal forma, piden se hagan públicas las licitaciones de las obras más importantes en lo que va del sexenio, un expediente más completo de cada obra para conocer quien y como ganó cada licitación.
Dicha solicitud, está basada en quejas que empresarios de la construcción les han hecho llegar por corrupción en los procesos de adjudicación de la obra pública, pues al parecer los funcionarios piden un porcentaje de «comisión» para el otorgamiento del trabajo, además de que obras que valgan más del millón de pesos son otorgadas a prestanombres y familiares de altos burócratas.
Dijeron que estas denuncias han tenido que mantenerse en el anonimato debido a que si se sabe el nombre de los inconformes, son vetados para obtener un contrato.