Aguascalientes, Mex.-La Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) instaló la Comisión Especial para el Desarrollo Policial, a fin de encontrar el modelo más eficaz acorde con los nuevos tiempos del país y homologar a las corporaciones en todos los estados de la República.
Los gobernadores reconocieron que para lograr la paz con justicia que anhelan los mexicanos es necesario recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones policiales, en la procuración y en la administración de justicia.
Ante el presidente Enrique Peña Nieto, y el titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el gobernador de Chihuahua, César Duarte aseguró que desde este foro se apoya sin reserva alguna el examen de control de confianza policial y al Mando Único coordinado con los municipios.
No obstante, admitió que es insuficiente, porque también se requiere la capacitación de los cuerpos de seguridad y, a la par, la dignificación del policía, brindándole mejores salarios, créditos para vivienda, seguros de vida y otras medidas de carácter social.
Informó también que la Comisión de Seguridad y Justicia de la Conago, que él preside, está inmersa en el proceso de instrumentación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio Adversarial en todas las entidades del país.
“Cada vez está más próxima la fecha fatal para que el modelo oral adversarial del Sistema Penal opere en todo el territorio nacional. Nos quedan menos de dos años para que se realicen las adecuaciones normativas, institucionales y de formación humana necesarias”, dijo.
Duarte Jáquez planteó seis acciones que deben coadyuvar a que todas las entidades federativas avancen al mismo ritmo, situación necesaria para implementar este sistema acusatorio en todo el país.
Así, propuso crear en los estados Consejos Consultivos con representación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y construir la ruta crítica para la armonización de la normatividad estatal con la legislación federal, a partir del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Además, facilitar un esquema de acompañamiento, donde los estados con experiencia acumulada en este modelo puedan brindar asistencia a aquellos que están en la fase inicial, y promover acuerdos con las universidades locales para la capacitación de los operadores jurídicos del nuevo sistema.
Otra acción será convenir con las autoridades competentes que los recursos para infraestructura y para seguridad pública que no fueron ejercidos por los estados, entre 2009 y 2013, y pendientes de 2014, sean invertidos especialmente para la adquisición de equipamiento e infraestructura.
Finalmente, propuso gestionar con el Congreso de la Unión y los congresos locales la asignación de partidas presupuestales especiales para el Ejercicio Fiscal 2015 y 2016, destinados a estos propósitos.
Aseguró que tener un sistema de justicia penal transparente y eficaz es un factor determinante para consolidar el Estado de derecho y la cultura de la legalidad; pero, también, es importante profundizar en las políticas de prevención social de la delincuencia.
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