Por Andrés Vera
¿Qué es banalidad? Es algo trivial, común, insustancial. La complejidad del concepto de banal o de banalidad reside en el hecho de que muchas de las cosas que son así consideradas son altamente criticadas o mal vistas por una parte importante de la sociedad. Sin embargo, atraen al mismo tiempo a gran parte de la población y esto es así porque muchas veces las cosas banales son justamente las que hacen olvidar de todos los problemas y complicaciones de la vida cotidiana en las que cualquier ser humano se ve insertado
Hace algunos decenios, en 1963, una ya madura Hannah Arendt escribió su famosa obra Eichmann en Jerusalén, que subtituló Un informe sobre la banalidad del mal. La autora alemana de origen judío realizaba un vívido relato de cómo ese gris y mediocre nazi de medio pelo pudo llegar a ser el máximo ejecutor de los planes de la Solución Final, acordados en la reunión de enero de 1942 a orillas del lago Wannsee, en los alrededores de Berlín. Arendt describe con detalle cómo Eichmann fue buscado, localizado y secuestrado en Buenos Aires -donde había conseguido refugiarse en la posguerra- por un comando del Mossad en una operación digna de cine; cómo fue sacado del país y llevado hasta Israel; los detalles del juicio; y finalmente cómo fue ejecutado en la horca. Pero en lo que más se centra la filósofa germana -discípula y amante de Heidegger, cosas del la vida- es en la manera en que el mal se puede llegar a banalizar, a trivializar, a desposeer de su carácter siniestro para convertirse en una mera y automática sucesión de acciones mecánicas de obediencia debida. «La complacencia de Eichmann al reconocer sus crímenes no era sino producto de una atmósfera de mentiras sistemáticas generalmente aceptada», concluye Arendt.
Otto Adolf Eichmann (Solingen, 19 de marzo de 1906 – Ramla, 31 de mayo de 1962) fue un teniente coronel de las SS nazis. Fue el responsable directo de la solución final, ( también conocida como «solución final de la cuestión judía» [en la terminología nazi, en alemán, Endlösung der Judenfrage], es el nombre del plan de los nazis para llevar a cabo el genocidio sistemático de la población judía europea durante la Segunda Guerra Mundial.), principalmente en Polonia, y de los transportes de deportados a los campos de concentración alemanes durante la segunda guerra mundial.
Pero, ¿a qué voy con todo esto?. La colusión y complicidad (banalidad) de las autoridades federales, estatales y municipales en Guerrero para permitir la operación de grupos criminales en el estado deja en el aire una pregunta sustancial, ¿qué ganan los delincuentes, en complicidad con las autoridades, insisto, en haber desaparecido 52 normalistas y asesinarlos como todo indica?.
La respuesta tendrá muchas aristas, sin embargo la que mejor se acomoda a los despreciables sucesos es que la corrupción e incapacidad del gobierno perredista de Guerrero, del gobierno priista federal es ya un sistema político, económico y social que se ha moldeado a la cínica forma de pensamiento mediocre e indolente de la mayoría de los gobernantes de este país.
La forma trivial para ellos (los delincuentes [sicarios y políticos]) expresan formas de poder que se legitiman por medio de la violencia explícita al dominar cualquier síntoma de inconformidad. Pero es no es nada nuevo, en la historia de este país ha sido así. El problema, es que día a día, la «institucionalidad» de la violencia se extienda, se reafirma como banal, cotidiana y lo peor, se autentifica desde el gobierno.
La marginalidad en Guerrero es un pretexto (aunque una causa real) para justificar el empoderamiento de grupos criminales. La banalidad de gobernantes sin escrúpulos es el síntoma sociópata.
Entonces, ¿cuál es la ganancia de estas manifestaciones de maldad pura?, pues quienes ya esta visto. La ganancia en la delincuencia organizada se resume en dos cuestiones fundamentales: la ganancia económica y el poder sectario, aunque sea en un microcosmos como Guerrero, la expansión del grupo delictivo siempre estará considerada en función de dichas cuestiones.
Si bien sabemos; existen diversos factores de crecimiento de la delincuencia organizada, que justifica la matanza de quien muestra alguna forma de inconformidad aunque no sea directamente ni proporcional a la violencia e ilegalidad, entre las cuales cabe señalar: a) la transnacionalización creciente del crimen; b) factores sociales, económicos y demográficos internos; c) una crónica impunidad y deficiente comportamiento del aparato de justicia; d) carencia de un marco normativo adecuado para hacer frente a la delincuencia organizada desde la perspectiva de seguridad ciudadana, y e) la posición geográfica de México y la inserción del país en la globalización, ésta última a un nivel macro.
Lo anterior se combina con factores internos que facilitan la operación de la delincuencia organizada en países como México, que en los últimos cuarenta años fue escenario de importantes cambios demográficos y económicos que el Estado no supo sintonizar, armonizar ni potenciar. Junto a la transformación demográfica de México, se cambió de un modelo económico industrialista basado en la expansión del mercado interno a un modelo comercial fundado en el dinamismo de las exportaciones. Los resultados de ese modelo han sido buenos para las exportaciones, pero la transmisión de los impulsos dinámicos de la economía exportadora al conjunto de la economía ha sido muy débil.
Según estudios técnicos, la economía mexicana necesita crecer al menos 5 por ciento cada año para absorber a la población joven que se incorpora al mercado laboral, así como 7 por ciento para arrancar fuerza de trabajo del subempleo y el empleo precario y llevarla hacia el empleo decente. Sin embargo, como promedio anual en los últimos diez años, la economía mexicana ha crecido apenas a 2 por ciento, con todas las consecuencias negativas de esa falta de dinamismo.
Recientemente se calculó que unas 468 mil personas trabajan en México en actividades relacionadas con el comercio ilícito de drogas, tres veces más que el personal de PEMEX, la compañía petrolera con mayor número de empleados del mundo (Ríos, 2009). Estimaciones de Organizaciones No Gubernamentales (ONG´S) indican que alrededor de 30 mil jóvenes menores de 18 años cooperan de distintas formas con grupos criminales (REDIM, 2010).
Lo anterior se traduce en una fuerte presión sobre el sistema de seguridad pública –reconocido por la misma Secretaría de Seguridad Pública federal (Méndez, 2011: 5)–, puesto que mientras las filas de la delincuencia organizada son continuamente alimentadas por la alta cantidad de jóvenes sin oportunidades de empleo o educación, en México hay un total aproximado de entre 360 mil y 409 mil 536 policías tanto judiciales como preventivos, con ingresos promedio mensuales de 6 mil 229 pesos mexicanos.
Por otra parte, México registra niveles de impunidad del orden de 97 por ciento, ya que solo 3 por ciento de los delitos que se denuncian llegan a sentencia. De la mano de la corrupción se forjó toda una cultura de la impunidad. Instituciones académicas como el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) han documentado la ineficiencia del sistema de procuración de justicia y las debilidades del sistema de impartición de justicia, demostrando que en México se consignan menos casos de delitos contra la salud que en Chile, que tiene solo 15 millones de habitantes; el porcentaje de sentencias por ese delito es diez veces menor en México
Además, se ha dado cuenta de los pactos que contuvieron la violencia y organizaron el mercado ilegal de estupefacientes durante los regímenes autoritarios priistas hasta el año 2000. El pacto resultó insostenible a partir de la alternancia partidaria en la presidencia de la República, no solo debido al cambio de partido político en el poder, sino fundamentalmente a razón de la creciente descentralización del campo político en México y la proliferación de bandas delictivas locales dedicadas a la venta de drogas en el mercado interno, que podían llegar a responder a acuerdos y complicidades con grupos políticos y/o económicos rivales.
El resultado de la proliferación y conflictividad del la delincuencia organizada en México se refleja en tres dimensiones, diariamente verificables en buena parte del territorio nacional: a) la existencia de milicias de sicarios dedicados a realizar ejecuciones; b) el desarrollo de empresas clandestinas dedicadas al tráfico de drogas, el secuestro y la extorsión; y c) el establecimiento de estructuras y métodos de operación que sugieren las formas de “gobiernos de facto” que venden protección, cobran impuestos e influyen en las decisiones de la autoridad, como ocurrió en Iguala, donde ya se evidencio que la policía municipal participó en contubernio con el grupo delictivo «Guerreros Unidos» para secuestrar a los normalistas.
El investigador Edgardo Buscaglia, prominente académico conocedor de los mecanismos de la delincuencia y los gobiernos no sólo en México y en el mundo señaló en alguna ocasión «El gobierno mexicano tiene un evidente contubernio con la delincuencia».
¿Cuál sería la solución?. En primera instancia, la renuncia del gobernador de Guerrero. En segundo lugar, convocar a la sociedad en su conjunto desde organizaciones civiles para enfrentar la corrupción de la instituciones, dejando aun lado a las políticas que evidentemente están coludidas con la delincuencia para destruir la banalidad del mal.
