Andrés Vera – PM
Zacatecas, Zac.- Ante la promulgación de Ley General de Víctimas que se aprobara a nivel federal, en la cual se establece un catálogo de derechos reconocidos a las víctimas, y se incorporan medidas para restablecer el ejercicio pleno de sus derechos y en la se reconoce el derecho a recibir ayuda, asistencia y atención, para ellas y sus familiares, por parte del Estado como:
- El derecho a ser tratados con humanidad y con respeto de su dignidad.
- El derecho a conocer la verdad sobre el delito que han sufrido, así como el derecho a que se les imparta justicia y se les repare el daño.
- El derecho a ser informados y que se les explique claramente el proceso penal llevado en contra de sus agresores.
- Y el derecho a la satisfacción, que incluye, entre otras medidas, la búsqueda de personas desaparecidas; así como el derecho a la protección del Estado…
… la diputada priista, Claudia Anaya Mota presentará ante el pleno de la LXI Legislatura de Zacatecas una iniciativa que contemple labores de prevención del estado y municipios para evitar que este delito se de en la entidad así como la materia de atención que va vinculado con la Ley de Atención a Víctimas que en Zacatecas se está a punto de tener puesto que ya se trabaja en la Comisión de Seguridad Pública y Justicia.
Lo anterior habla sobre el fondo resarcitorio en la reparación de daños en relación con el consejo estatal que trabajará este recurso, sobre los lineamientos y protocolos que deben implementar las distintas dependencias gubernamentales y órganos de gobierno para atender a una víctima que ha sufrido algún delito.
Además, presentará una iniciativa que tiene que ver con los protocolos de atención en relación a las desapariciones forzadas y abuso policiaco en el estado. en este sentido, Anaya Mota indicó que hay un trabajo de coadyuvancia con la Comisión Estatal de los derechos Humanos pues existen muchas denuncias en dicho organismo en torno a los abusos de las corporaciones policiacas municipales y de la fuerza estatal; aunque refirió que también el Ejército y la policía federal presentan denuncias.
«El estado debe implementar mecanismos para atender a las víctimas de delitos, desde la reparación de daños, atención psicológica y garantía de sus derechos humanos», arguyó.
