D.F, Mex.- El relator especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, celebró hoy la decisión de las autoridades mexicanas de detener a ocho militares sospechosos de haber matado a 22 presuntos delincuentes.
Asimismo, el relator instó al Gobierno de Enrique Peña Nieto a realizar una investigación rápida e independiente sobre esas muertes, que podrían ser ejecuciones sumarias, y a garantizar la protección de las víctimas sobrevivientes y los testigos.
El hecho tuvo lugar el 30 de junio de 2014 en la localidad de Cuadrilla Nueva (estado de México), durante una operación militar contra presuntos delincuentes.
Tres mujeres fueron las únicas sobrevivientes, pero dos de ellas fueron detenidas posteriormente por cargos de posesión de armas de fuego y crimen organizado.
Sin embargo, recientemente surgieron nuevos elementos que parecen contradecir la versión policial.
En un artículo publicado en la prensa local e internacional, un testigo presencial de los hechos afirma que la mayoría de las personas que murieron durante la operación recibieron los tiros que acabaron con sus vidas tras deponer sus armas y entregarse a los militares.
El Gobierno de México tiene la obligación de investigar a fondo, juzgar y sancionar a todos los presuntos casos de ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias», recalcó Heyns.
El experto en derechos humanos señaló que «toda pérdida de la vida que resulte del uso excesivo de la fuerza y sin el estricto cumplimiento de los principios de necesidad y proporcionalidad es un caso de privación arbitraria de la vida y por lo tanto ilegal».
Solo se puede recurrir al uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente necesario para impedir que una persona detenida escape o cuando sea estrictamente inevitable para proteger la vida, es decir, cuando haya peligro inminente de muerte o lesiones graves», dijo Heyns.
«La detención de ocho de los soldados sospechosos de haber participado en esas muertes es un paso en la dirección correcta hacia la justicia para las víctimas y la rendición de cuentas por sus muertes», afirmó.
El relator especial pidió además al Gobierno mexicano proporcionar medidas urgentes de protección para la sobreviviente que dio testimonio, las otras dos testigos detenidas, el periodista y el fotógrafo que elaboraron el artículo, y los medios de comunicación mexicanos que lo publicaron.
Por su parte, el nuevo relator especial sobre libertad de expresión, David Kaye, se hizo eco del llamado de Heyns, y exhortó a las autoridades mexicanas a que garanticen la seguridad de todos los trabajadores de los medios en cuestión.
