CdMx.- Creada por el priista Ernesto Zedillo Ponce de León con un acto despótico, porque sin tener facultades constitucionales destituyó a todos los ministros y nombró a sus afines —un “fujimorazo”, como lo llamó el jurista Ignacio Burgoa Orihuela—, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concluye tres décadas de connivencia y sometimiento al Poder Ejecutivo, hasta que Norma Piña Hernández la convirtió en oposición a los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo.
La sesión de este martes 19, cuando los ministros resuelvan las impugnaciones de organizaciones del magnate Claudio X. González Guajardo a los dos magistraturas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que fueron electos el 1 de junio, será la última de la SCJN que instauró Zedillo hace tres décadas, en medio de la devastadora crisis económica de 1994 que él mismo desató, con una reforma judicial que fue avalada en el Congreso por el Partido Acción Nacional (PAN) para colocar desde entonces a sus propios ministros, magistrados y jueces.
El conservadurismo de la SCJN identificó a López Obrador como su principal enemigo por dos décadas, desde el desafuero de 2005 que impulsó su entonces presidente, Mariano Azuela Güitrón, en complicidad con el panista Vicente Fox, hasta la nulidad de las reformas del gobierno de aquél por parte de la mayoría de los ministros encabezados por Piña Hernández, la presidenta del máximo tribunal impulsada por el priista Enrique Peña Nieto que en ese cargo se volvió una figura de la oposición, asesorada por intelectuales en el domicilio de Federico Reyes Heroles.
Piña Hernández no sólo no impulsó ninguna reforma para transformar al Poder Judicial plagado de nepotismo y corrupción —ni siquiera la tímida que hizo Arturo Zaldívar Lelo de Larrea—, sino que tomó partido por la oposición para influir en la elección de 2024 y, tras la derrota, buscó por todas las vías, incluso extralegales, sabotear la reforma constitucional presentada por López Obrador, que la enfrentó a los poderes Ejecutivo y Legislativo.
La SCJN de Zedillo cruzó los gobiernos de Fox, Felipe Calderón, Peña Nieto y López Obrador, con presidentes que fueron —unos más, otros menos— obsequiosos con ellos, desde Vicente Aguinaco Alemán (1995 y 1999), Genaro Góngora Pimentel (1999 a 2002), Azuela Güitrón (2003 y 2006), Guillermo Ortiz Mayagoitia (2007-2010), Juan Silva Meza (2011-2014), Luis María Aguilar Morales (2015-2018) y Zaldívar Lelo de Larrea (2019-2022) hasta que Piña Hernández (2023-2025) se hizo abiertamente opositora alegando que defendía la independencia judicial.
A lo largo de tres décadas, la SCJN y todo el Poder Judicial de la Federación actuaron en favor de las élites políticas, económicas, mediáticas e intelectuales que también representaban los presidentes de la República, con decisiones emblemáticas que condujeron a su desprestigio como institución insensible y corrupta, pese a que hubo ministras y ministros que se opusieron a ellas.
Uno de los temas emblemáticos que más irritaron a la sociedad fue el Fobaproa, el mecanismo mediante el cual Zedillo rescató a empresarios, banqueros y políticos. Fox, quien fue uno de los rescatados, promovió como presidente de la República recursos legales para impedir que la Auditoría Superior de la Federación revisara las ilegalidades y la SCJN le dio la razón.
Ya en 1998, el mismo año en que PRI y PAN avalaron el Fobaproa en la Cámara de Diputados, la SCJN le había dado la razón a los banqueros al legalizar el anatocismo, es decir, el cobro de intereses sobre intereses y su capitalización, con lo que el máximo tribunal condenó a mexicanos a ser deudores perpetuos.
Otro fallo que encubrió a políticos fue el de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, donde en 2009 murieron 49 bebés y niños, cuyos entre cuyos propietarios estaba políticos priistas y hasta una prima de Margarita Zavala, esposa de Calderón. Aunque se determino que hubo violaciones graves de garantías individuales por parte de las autoridades y propietarios de la guardería subrogada del IMSS, no se procedió contra ellas y solo se limitaron a señalar a quienes resultaran involucrados.
Aún así, Calderón enfureció con la determinación que exhibía la privatización de las guarderías del IMSS y, en se mismo 2010, tomó venganza contra el ministro ponente, Zaldívar Lelo de Larrea, a quien agentes de la Policía Federal de Genaro García Luna robaron su casa y, en otro momento, lo encañonaron a él y a su familia.
García Luna gravitaría también en la SCJN de Piña Hernández por al menos dos asuntos: Un juez descongeló las cuentas bancarias de Linda Pereyra, la esposa del secretario de Seguridad Pública de Calderón, poco antes de que éste fuera declarado narcotraficante en Estados Unidos, en 2023, y al año siguiente fue detenido por violación Ricardo Márquez Blas, funcionario cercano a la ministra y excolaborador del policía preso.
En 2013, la SCJN se negó a atraer un recurso de inocencia del profesor indígena Alberto Patishtán, quien ese mes cumplió 13 años en prisión, acusado del asesinato de siete policías estatales y municipales en Chiapas, pero sí amparó a ocho secuestradores y a un homicida.
También en el inicio del Gobierno de Peña Nieto, la SCJN rechazaron transparentar las declaraciones patrimoniales de servidores públicos, entre los que se encuentran el Presidente de la República, diputados y ellos mismos. Ya en el gobierno de López Obrador también rechazaron cumplir con lo que establece la Constitución, en el sentido de que nadie puede ganar más que el Presidente de la República.
Otro caso emblemático es el multimillonario adeudo fiscal de Ricardo Salinas Pliego por 74 mil millones de pesos, parte del cual el ministro Aguilar Morales, expresidente de la SCJN, guardó por casi un año para impedir su resolución, en concordancia con la estrategia del magnate de aplazar las resoluciones y no pagar.
La deuda de Salinas Pliego ya no será respuesta por la SCJN de Zedillo, que llega a su fin, pero será uno de los primeros temas que resolverán las ministras y ministros encabezados por Hugo Aguilar Ortiz, electos por primera vez en la historia electos por voto popular y cuyos trabajos comenzarán el 1 de septiembre.
Con la elección por voto popular de los ministros, magistrados y jueces, el 1 de junio, se termina un modelo de administración de justicia caracterizado por la corrupción, el nepotismo y la defensa de los poderosos, y se inicia otro que se promete aplicar la ley sin distingos y proteger los derechos de todas las personas.
Con información de SinEmbargo
