CdMx.- La Presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), Vania Pérez, ha solicitado formalmente al Senado de la República que se inicie una investigación exhaustiva sobre las presuntas discrepancias entre las declaraciones y el patrimonio del Senador y excandidato presidencial Adán Augusto López Hernández. La petición fue entregada personalmente en la Cámara Alta el pasado martes, dirigida a la Mesa Directiva para que la turne al Órgano Interno de Control (OIC).
El objetivo central de la solicitud es esclarecer cómo el exgobernador de Tabasco pudo conciliar sus responsabilidades en el servicio público —incluyendo sus periodos como Gobernador, Secretario de Gobernación y, actualmente, como Senador— con la atención y el crecimiento de sus negocios personales. Pérez cuestionó la capacidad del Senador para dedicar el tiempo exigido por la función pública, especialmente en un país con altos niveles de desigualdad y pobreza.
Pérez argumentó que las declaraciones patrimoniales son fundamentales porque los servidores públicos son financiados con recursos de la ciudadanía. Por ello, el pueblo tiene derecho a saber qué sucede con el dinero público y cómo los funcionarios ejercen la obligación constitucional de dedicarse al servicio público 24/7, tal como lo establece el artículo 108 de la Carta Magna.
La titular del SNA subrayó que el interés sobre las finanzas del Senador se justifica debido a su rol público. Si se tratara de un particular, su manejo de capital sería irrelevante; sin embargo, al ser un servidor público con una dedicación exclusiva, cualquier irregularidad o discrepancia entre lo reportado al SAT y lo declarado patrimonialmente es susceptible de ser investigada.
La presidenta del SNA enfatizó que su deber como «guardianes» de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley General de Responsabilidades Administrativas los faculta para solicitar esta acción. La legislación vigente dictamina que tales discrepancias pueden constituir faltas administrativas graves e incluso configurar posibles hechos de corrupción.
Aunque la institución no puede solicitar el desafuero del legislador de Morena, Pérez indicó que sí tienen la atribución para requerir una revisión de carácter técnico que compete a sus funciones. La meta es determinar si existen irregularidades en el crecimiento de su patrimonio que contravengan la ley.
La funcionaria también denunció un acto de censura interna en relación con esta investigación. Acusó directamente a la consejera Patricia Talavera, miembro del Comité de Participación Ciudadana (CPC), de intentar bloquear la difusión del tema.
Pérez señaló que la censura provino de una colega del propio Sistema Nacional, quien se opuso a que el tema se hiciera público y a que se utilizaran las redes sociales del CPC para comunicar la solicitud de investigación contra el exfuncionario federal.
