Por Andrés Vera Díaz
La cancelación del Viaducto Elevado, monstruo de 3652 millones de pesos sigue proyectando una serie de contradicciones entre funcionarios y el destino de los recursos que aún contiene el Fideicomiso creado para tal efecto.
Ayer, el secretario de la función Pública compareció ante la LXV Legislatura, pero no especificó los términos de una “investigación” sobre el tema. Sin embargo, han salido a relucir contradicciones de fondo que levantan la sospecha de que la obra no está cancelada, sino en una etapa de simulación para que se reactive en el futuro. De hecho, esa es la intención del gobierno estatal.
Ernesto González Romo expuso: “¿Qué tenemos en éste momento en la SFP en el tema del viaducto elevado?; contratación y adjudicación, estamos llevando un proceso de auditoría de esos procesos que están concluidos”. El proceso de conclusión está en el Tribunal de Justicia Administrativa, y ese fue el pretexto para evitar un pronunciamiento más extenso por “el debido proceso”.
Ahí está el meollo del asunto. Desde sus inicios, el proceso de licitación y contratación fue amañada de origen, como demostré en su momento en la investigación: Zacatecas: El segundo piso en el boulevard, un negocio turbio para compañías con ligas priistas. Desde un estudio de mecánica de suelos realizada por Geocell ex profeso para Calzada Construcciones S.A de C.V dos años antes de la licitación, se veía venir que el arreglo ya estaba pactado con antelación.
Además, el contrato no contenía las firmas correspondientes en su origen, tampoco los permisos necesarios de entes federales (materia esencial para los amparos definitivos) y además, las afectaciones a la infraestructura por la obra cancelada no generaron sanciones especificas en su momento.
Entonces, sí, la SFP tiene materia de sobra para una auditoría profunda que deslinde responsabilidades y emita sanciones, porque además, el litigio sobre el adelanto de más de 500 millones debió estar en el marco de la total legalidad del acto, entonces, se erogó y no se devengó recurso público conforme a disposiciones que se determinan en la Ley de Obra Pública del Estado y sus Municipios.
Ahora, el Fideicomiso creado ex profeso, en el decreto publicado en el Diario Oficial indica: ARTÍCULO 9. La duración del FIDEICOMISO será hasta la conclusión del Proyecto “Viaducto ElevadoBoulevard Adolfo López Mateos y Calzada Héroes de Chapultepec”, objeto de dicho FIDEICOMISO y una vez cubiertas todas y cada una de las obligaciones inherentes al mismo; sin que exceda del término legal establecido en la fracción III del artículo 392 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
Además, ARTÍCULO 10. En el ámbito de su respectiva competencia la Secretaría de la Función Pública vigilará el cumplimiento de lo establecido en este Decreto con base en las disposiciones legales aplicables; así como, cuidar que el FIDEICOMISO cumpla con los fines y objetivos para los cuales fue constituido.
Por lo tanto, las contradicciones son evidentes. La SFP tiene marco legal para establecer si la erogación de los 500 millones fueron legales en una obra que no contuvo un marco legal en firme, y en todo caso, el destino subsiguiente del Fideicomiso. Pero sumemos lo dicho por la secretaría de Obras Públicas (SOP), Mildret Karla Montes Inchaurregui ante la legislatura local. La funcionaria dijo que los ahora, 1600 millones de pesos contenidos en el Fideicomiso serán utilizados para una o más obras, pero no especificó cuáles porque existe todo un entramado para el destino de los dineros. El problema es lo contenido en el citado Artículo 9 del decreto, por lo tanto, para licitar una o varias obras con ese recurso, primero se debe extinguir el Fideicomiso, retornar el recurso a sus orígenes y reetiquetarlos en el presupuesto 2026 o 2027, o en todo caso, catalogarlos como “excedente”, pero con todas las incógnitas técnicas para hacerlo.
Por lo tanto, la Legislatura local también tendrá atribuciones en la materia, pues el presupuesto inicial y la plurianualidad de los recursos fueron aprobados en la anterior Legislatura, entonces, la extinción del Fideicomiso más los réditos generados en estos tiempos, tendrán que ser convenidos en un paquete presupuestal, tal vez bajo el mismo esquema.
Pero la gran pregunta es, ¿por qué no ha eliminado dicha figura y se exige el retorno de los recursos? El fondo tiene varias problemáticas, desde la emisión de otro decreto para su extinción con el anexo de que en las bolsas para su origen puedan ser catalogadas como un enorme subejercicio, pues demostraría que la obtención del total del financiamiento fue gracias a la no ejecución del presupuesto de varias dependencias estatales; así como el litigio en el que bailan entre las sombras, los 500 millones de adelanto a la empresa.
Sin embargo, existe la intención de reactivar la obra, con todo y el costo social que significaría, pues la empresa tiene todos los elementos legales para negarse a recibir la respectiva compensación causada por la rescisión anticipada, pero en todo caso, la complicación en términos de reasignación presupuestal por dependencia para el siguiente año dejaría a la deriva la posibilidad de crear otro Fideicomiso en específico dados los antecedentes, aunque técnicamente se busca la forma de etiquetarlo como “excedente” y se use para obra pública. El problema es bajo que términos podría ser catalogado de esa manera y no como subejercicios por la propia naturaleza de los orígenes del recurso.
Aunque entre pasillos se comente que este mismo mes, tanto el gobierno del estado como Hycsa podrían llegar a un acuerdo, otras voces y entre los que se encuentran funcionarios de primer nivel, señalan que la “compensación” sería por “las molestias”, pero ya retornado el resto de los 500 millones, cabría la posibilidad de entablar otro contrato bajo los mismos términos pues están en cuentas, casi mil 600 millones disponibles y bajo el antecedente, ahora sí, a hacer todo conforme a las disposiciones, pese a la declaratoria que emitiera el INAH el año pasado para declarar “Zona de Monumentos Históricos”, una superficie de 105 hectáreas del centro histórico de la capital de Zacatecas.
Ya lo han dicho varias voces entre las que se encuentran el propio gobernador David Monreal, “la obra se hará tarde o temprano”, y la advertencia podría pasar por alguna argucia para que se reconfigure la declaratoria del INAH o se restringa la zona de amortiguamiento, que impediría la realización del viaducto.
El tema no está muerto por completo y se buscan los mecanismos técnicos para darle viabilidad legal, ahora sí, con toda y la repercusión social adversa que generaría. ¿Serán capaces de reactivar la obra sin ninguna legitimidad?, sí.
