Zacatecas, Zac.- El diputado federal Alfredo Femat Bañuelos, en representación del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT), utilizó la tribuna para confrontar a la titular de la Secretaría de Obras Públicas (SOP), Mildret Karla Montes Inchaurregui, en el marco de la glosa del Cuarto Informe de Gobierno. El eje del cuestionamiento fue la persistente falta de claridad sobre el futuro del «segundo piso», uno de los proyectos de infraestructura más debatidos del sexenio actual.
Exigencia de Claridad ante el Pleno Legislativo
Ante los legisladores de la LXV Legislatura, Femat Bañuelos subrayó que la comparecencia no debe ser un mero formalismo. Afirmó que este ejercicio de rendición de cuentas es esencial para atender las «demandas ciudadanas que no se sofocan con la sola presentación de un informe». El diputado insistió en la necesidad de que los miembros del Gabinete informen de manera directa y transparente sobre los avances y las decisiones del Poder Público que representan.
El legislador recordó que el viaducto elevado, conocido popularmente como «segundo piso», es un tema neurálgico para el gobierno. Señaló que la obra estaba proyectada para alcanzar 3.5 kilómetros y un costo de 3,652 millones de pesos. A pesar de la polémica y el rechazo social que llevaron a la terminación anticipada del contrato, la incertidumbre persiste: muchos zacatecanos aún preguntan si la costosa obra será retomada o si está definitivamente cancelada.
Dudas sobre Responsabilidades y Prioridades
En su intervención, el diputado del PT dirigió una serie de preguntas directas a la Secretaria de Obras Públicas. Cuestionó qué sucederá con el proyecto del viaducto y si se fincarán responsabilidades a la empresa y a los servidores públicos por el manejo deficiente del contrato. Femat Bañuelos también puso en duda si, en vista de las grandes necesidades sociales, el gobierno mantiene la edificación de una obra tan costosa como una prioridad.
En su respuesta, la titular de la SOP reconoció la validez del tema y confirmó que el proceso de terminación anticipada del contrato se inició en junio, amparado en los procedimientos legales. Explicó que si bien el objetivo de la construcción ha sido cancelado, aún existen derechos y obligaciones legales pendientes de agotarse entre las partes firmantes, por lo que el proceso de extinción de derechos sigue en curso.
Auditoría Externa para Deslindar Responsabilidades
Montes Inchaurregui aclaró que la Secretaría de Obras Públicas no posee la facultad legal para fincar responsabilidades. Indicó que esa labor corresponderá a las instancias de auditoría externas, una vez que la obra sea revisada por completo. Femat Bañuelos concluyó que la rendición de cuentas debe ser una vía efectiva para responder al pueblo de Zacatecas sobre el uso y destino de los recursos, especialmente cuando se trata de proyectos que han generado tanta controversia social y financiera.
