CdMx.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo criticó la inclusión de un polémico cambio en la reforma a la Ley de Amparo aprobada por el Senado, manifestando su desconcierto por la adición de la retroactividad. La mandataria calificó la medida como anticonstitucional y delegó en la Cámara de Diputados la responsabilidad de revisar y corregir dicho punto.
Leyes y el Principio de No Retroactividad
La madrugada de este jueves, el Senado de la República avaló la reforma con 70 votos a favor y 39 en contra, pero provocó una alarma generalizada, incluso entre el oficialismo, al incorporar un artículo transitorio que establece la retroactividad para los juicios de amparo que ya están en trámite.
Durante su rueda de prensa matutina de hoy, la presidenta Sheinbaum fue clara al exponer sus reservas legales: «Primero hay que respetar la Constitución. La Constitución establece claramente que no debe haber retroactividad en las leyes… salvo que se cambie la Constitución y en ese cambio se establezcan las condiciones… Pero en las leyes no puede haber retroactividad, eso es lo primero y hay que respetar la Constitución».
El Cuestionamiento al Agregado del Senado
Sheinbaum puso en duda la necesidad de incluir dicho transitorio, aún si el objetivo fuera aplicar la nueva ley a casos futuros. «Desde mi punto de vista, no era necesario poner ese transitorio. Si es a partir de que se emite la ley, lo nuevo ya entra con la nueva ley, ¿para qué se pone el transitorio?», cuestionó, si bien aclaró que esa era su perspectiva aunque no es abogada.
La presidenta argumentó que los juicios de amparo en curso deberían continuar bajo las reglas anteriores. «Me parece que los juicios que hoy están en amparo, que no han llegado a la Corte y que no representan un nuevo juicio de amparo, deben seguir con las leyes anteriores, porque ya es un procedimiento previo,» afirmó. Enfatizó que las nuevas disposiciones deberían aplicarse únicamente a los amparos nuevos, incluso si se refieren a hechos pasados.
La Reforma Original y la Lucha contra la Opacidad
La iniciativa de reforma original fue presentada por el Ejecutivo el pasado 15 de septiembre de 2025, buscando combatir la lentitud y el presunto abuso del juicio de amparo por parte de grandes intereses. La administración morenista sostiene que las suspensiones provisionales han permitido que empresas y redes de lavado de dinero evadan responsabilidades fiscales y penales.
El gobierno ha calculado que, entre 2018 y 2025, se han desbloqueado cerca de 59 mil millones de pesos gracias a suspensiones otorgadas a cuentas congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). La reforma busca varios cambios estructurales:
- Reducción de tiempos: Los juicios deberían resolverse en un máximo de 60 días.
- Congelamiento de cuentas: Se elimina la suspensión inmediata en casos de presunto lavado de dinero.
- Restricción del interés legítimo: Se limitaría la defensa colectiva, aceptando solo afectaciones directas e individuales.
- Improcedencia: No procederá la suspensión en temas de «interés social» u «orden público», como la deuda pública o los créditos fiscales.
La presidenta concluyó señalando que ahora corresponde a la Cámara de Diputados revisar el dictamen del Senado, especialmente en lo referente al polémico transitorio. «Ahora que vaya la Cámara de Diputados tendrán que revisarlo,» indicó, y añadió que ya ha instruido a la consejera jurídica a estudiar a fondo el cambio.
