Por Andrés Vera Díaz
En un hecho histórico, la Secretaría de la Función Pública ha suspendido las labores de la Junta de Conciliación y Arbitraje debido a una presunta red de corrupción que tiene diez años operando.
A petición del Órgano Interno de Control y en base a varias denuncias de trabajadores, la suspensión a 35 funcionarios se decidió para evitar la desaparición de pruebas que puedan sustentar aun más las investigaciones constitutivos de delitos administrativos y penales.
La trama señala tanto a abogados, despachos, empresas y empleados de la Junta -no todos-, que han construido un método para hacerse de hasta 70% de los laudos que resuelve el órgano a favor de trabajadores.
Dirigentes de sindicatos «patito» serían los principales promoventes de la estructura que alcanza al Tribunal de Justicia Laboral Burocrática. Socios identificados de la red, también meten las manos para retrasar resoluciones de laudos contra entes públicos como ayuntamientos y el propio Gobierno del Estado.
El beneficio, que aumenten a sumas estratosféricas los pagos de patrones a empleados tanto de la iniciativa privada como burocráticos, con el fin de cobrarles hasta 700 mil pesos por ejemplo, en casos dónde la resolución señale una compensación de millón.
Los funcionarios que tienen una función directiva en la JLCyA han sido suspendidos, pues se debe definir específicamente quienes están en el entramado de presunta corrupción -por aquello del debido proceso-, sin embargo, podría existe una especie de amnistía para quienes colaboren con las investigaciones.
Se ha emitido un plazo de cinco días hábiles para definir a que servidores públicos se les extiende la suspensión, mientras tanto, la documentación que será observada, evidentemente desde que se ingresa la demanda laboral hasta su resolución, permitirá definir en la línea de mando y ejecución, quienes están involucrados de manera directa.
Por el momento, las funciones están detenidas hasta que la Secretaría General de Gobierno defina nuevos funcionarios de manera temporal para que continúe el servicio, sin embargo, por la gravedad del asunto, la SFP está revisando toda la documentación para evitar fugas, desapariciones y cualquier tipo de evidencia.
La red operaba al miso tiempo con empresas, a las que se les chantajeaba para pagar cierta cantidad a favor del trabajador a cambio de no retardar la resolución y se extendiera el monto referido. Así, obtenían recurso de inmediato en casos dónde por desesperación, el empleado decidiera aceptar una cantidad específica que satisfaga sus requerimientos, pero al mismo tiempo el de la presunta red de corrupción.
Luego de la resolución y para efectos de cobranza, en el caso de que el acuerdo estableciera pago en efectivo o cheque in situ, se le cobraba al trabajador montos superiores al estandar del 20 al 25% que percibe el defensor, como me lo comentan cuatro abogados a quienes les consulté el dato. Los estacionamientos de Ciudad Administrativa o del centro comercial Galerías son los sitios en donde se hace la erogación en efectivo para evitar cualquier rastro digital. Una transferencia electrónica indica la cuenta, nombre del titular de la misma, monto y concepto, por tal motivo, los cobros de realizan en efectivo, lo que dificulta el rastreo del dinero y el hecho en sí, de los montos elevados por laudos.
El cinismo era tal, que hasta tras la emisión del pago in situ, los abogados usaban expresiones como «deberías estar agradecido» por conseguirte la cantidad, pese a que le retiraban hasta el 70% del laudo obtenido.
La serie de denuncias ciudadanas incluirían pruebas explícitas, como audios y fotografías de los implicados. La red entre abogados y funcionarios tanto de la JLCyA como del Tribunal de Justicia Laboral Burocrático, estableció un acuerdo para que los casos de demandas, no se resolvieran de manera pronta, sobre todo los que tuviesen la posibilidad de erogar grandes cantidades, para así aumentar los laudos y determinar el cálculo de forma exacerbada.
La Junta resolvía asuntos 700 casos por año desde 216, pero en 2024 solamente 117. El histórico rezagado es de 4500, la proyección para darles salida es hasta 2047, según datos del mismo ente; entonces, se asume que existe procrastinación inducida precisamente para elevar el monto de los laudos y hacer el negocio en coordinación con abogados, dirigentes patito e inclusive, se sospecha de encargados de recursos humanos de empresas.
Ahora bien, tanto la suspensión derivada de denuncias e investigaciones previas deberán emitir una consonancia clara y directa. Si existen elementos probatorios y constitutivos de delitos administrativos y penales, tendrán que ser judicializados en un carácter formal para dirimirse en las instancias legales correspondientes. Caso contrario, se estigmatizará a la SFP como un ente creador de cortinas de humo o de espectáculos mediáticos con tinte político que resultan hasta contraproducentes.
